ARGENTINA: HEBE DE BONAFINI LA QUE VENDIÓ LOS DERECHOS HUMANOS POR PLATA- PRIMERA PARTE

EL PAPA FRANCISCO LAS PROTEGE MIENTRAS SUS BANDAS NOS INTIMIDAN Y AMENAZAN. EL PAPA FRANCISCO SE CARTEA Y VICTIMIZA A QUIENES YO DENUNCI É  Y LAS COMPARA CON JESÚS. CREO QUE EN ESTE CASO, EMINENTEMENTE POLITICO, INTERPRETA EL EVANGELIO AL REVÉS, AYUDANDO A LOS CORRUPTOS Y DEJANDO SOLOS A LOS QUE DENUNCIAMOS (PESE A LAS AMENAZAS,INTIMIDACIONES Y OTRAS ACCIONES) 

Por, Dr . Jorge Luis Vitale

Hebe de Bonafini es la misma que quiso tomar el Palacio de Tribunales por la fuerza y que, en las épocas en las cuales todavía no tenía conexiones con el kirchnerismo -y según las propias declaraciones de Sergio Schoklender-, se dedicaba a asaltar supermercados o negocios importantes para sobrevivir.

La nota de color y más grave para los católicos fue cuando tomó la Catedral de la ciudad de Buenos Aires y la utilizó como baño público.

Sabiendo todo esto, está muy bien que la reciba, pues Jesús vino para los pecadores. Pero que trate de convertirla y llevarla por el buen camino, ya que eso es lo que hizo cada uno que tuvo su encuentro con Jesús.

ANTECEDENTES: MARCELA DÍAZ TESTIGO

El día 18 de julio de 2015, murió Marcela Díaz, empleada de la fundación Sueños Compartidos, quien había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini, y en especial a Rubén Pocho Brizuela (foto de la izquierda), por una serie de delitos y, además, por aquellos que específicamente se investigan en la causa que tramita muy lentamente por ante el Juez Martínez Di Giorgi. A esta testigo la mató una bala perdida, mientras ella se encontraba amenazada y había realizado la denuncia respectiva, y así y todo no la protegieron. Lamentablemente así terminó. No obstante, la causa no avanza, pese al fallo de la Cámara que imputa a los funcionarios.

CONSTRUCCIONES DE LA FUNDACIÓN

La causa de las construcciones de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo se encuentra sin movimiento y el juez sigue demorando.

Esta historia se inicia en el año 2004, cuando Néstor Kirchner, a través del Banco Nación-Leasing, le hizo entrega a la Universidad y a la Fundación de entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para “Sueños Compartidos”, más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación.

El Gobierno kirchnerista asumió con esta estatización el pasivo de 325 millones, ya que, al decir 200 millones, no se computan los juicios que son el resto. Pero además, blanquear todo el dinero utilizado con otros fines que no son precisamente la educación. Lo que no avanza es la causa penal, que todavía no fijó indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.

Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de Sueños Compartidos. Por eso está bien el fallo de la Sala 1, que acumula esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero camino, donde la fundación pasaría de ser damnificada a ser imputada. En esa causa se demuestra una mecánica de corrupción donde están involucrados varios organismos del estado y también quienes armaron estos ilícitos. Ahora debería actuar el juez pero el gobierno kirchnerista la tapó y pretendió que quedara en la nada. Desde que resolvió la Cámara, el juez no tomó una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista y, además, este contrato fue rescindido por el propio gobierno.

El gobierno le entregó a la Fundación $ 1.200 millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Pero ahora está estatizada la deuda de la fundación, que son 325 millones.

En realidad, el Juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva. A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los contratos, que autorizaron los pagos.

Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Miceli.

En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de 150 millones de pesos en la administración del programa. Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno les entregó a los responsables del Programa $1.200 millones. Pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.

Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos se la hayan llevado Sergio Schoklender (foto encima de este párrafo) y sus hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.

Y para arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11, que hoy tiene paralizada y que se deberá activar, el juez federal Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale, por violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa “Sueños Compartidos”.

Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra “sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”.

En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.

La presentación afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “ planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.

En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $ 210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad.

También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.

Otras de las pruebas que presentan es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.

* “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.

* “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”

* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”

Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.

Al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”.

Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales

Schoklender, además, dijo ante el juez que Felisa Miceli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Miceli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo.

Todos sabemos cómo actuó el Juez Oyarbide (hoy fuera de la causa), pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por “Sueños Compartidos”, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.

Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.

La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada y debe pasar a la causa principal y, por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se le realizan a los Schoklender y a los 44 imputados. Además, faltan los funcionarios públicos (Continuará)

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