LECTURA PARA GENTE GRANDE: APUNTES HISTÓRICOS. LA INMIGRACIÓN A CUBA Y LA POLÍTICA MIGRATORIA DE LOS EE.UU. (1902-1933)

Foto de calle de La Habana en mayo del 1904

Por  Margalit Bejarano- Universidad Hebrea de Jerusalén

La emigración española a Cuba  no se suspendió al concluir el dominio colonial. Entre 1899 y 1923, más de 750,000 emigrantes españoles se dirigieron hacia Cuba; muchos de ellos volvieron a su país natal, pero alrededor del 40% se radicó en la isla.

La ocupación militar estadounidense rompió las restricciones sobre país de origen o religión que limitaban la inmigración blanca, pero impuso otras limitaciones, de carácter social y racial. Los fundamentos de la política migratoria de los Estados Unidos permitían únicamente la entrada de inmigrantes que gozaban de buena salud y podían ser empleados, y prohibían la entrada de chinos y de trabajadores no profesionales contratados. Una circular del Departamento de Guerra, publicada el 27 de abril de 1899, declaró la extensión de las leyes migratorias que regían en los EE.UU al territorio bajo ocupación militar.

En vísperas de la independencia cubana, el gobernador Leonard Wood publicó Ipublicó la compilación de todas las leyes y reglamentos migratorios en la Orden Militar número 155 del 15 de mayo de 1902, que se convirtió en la base legal de la política migratoria cubana. La Orden prohibía la entrada al país de todas las personas que podían perjudicar la salud o el orden público, como dementes, enfermos contagiosos, personas susceptibles de constituir una carga pública, delincuentes, prostitutas, etc. Sin limitar los países de procedencia de los inmigrantes, la Orden Militar 155 prohibía categóricamente la entrada de chinos, así como la importación de mano de obra barata a través de contratos: “Constituirá un acto ilegal … la introducción o inmigración de cualquier extranjero o extranjeros, forastero o forasteros en Cuba, mediante contrato o convenio … para emplearlos en trabajos u ocupaciones de cualquier clase en Cuba”.

Las disposiciones de la Orden Militar 155 contradecían los intereses de las grandes compañías azucareras, sobretodo en el sector oriental de la isla, donde inversionistas extranjeros, mayormente norteamericanos, habían adquirido grandes territorios en regiones de escasa población. Las nuevas centrales azucareras buscaban mano de obra barata para la zafra, que podían conseguir fácilmente en las islas vecinas de Haití y Jamaica, donde miles de desocupados de origen africano, acostumbrados al mismo clima y trabajo, estaban dispuestos a resignarse a muy bajos salarios.

El gobierno cubano prefería una inmigración más estable que los braceros antillanos, y aspiraba a atraer agricultores europeos que se radicasen en el país. Estas ansias encontraron expresión en la Ley de Inmigración y Colonización, publicada por el presidente Tomás Estrada Palma el 11 de julio de 1906, que autorizó una partida presupuestaria de un millón de pesos para la promoción migratoria de las Islas Canarias y de Europa, y prohibió la exportación de braceros cubanos al exterior, con el propósito de poblar las regiones rurales con familias colonizadoras y proveer obreros para la industria azucarera.

Sin embargo, la aspiración de los autores de la Ley de Inmigración y Colonización de solucionar, a través de la inmigración europea, el problema laboral en la industria azucarera y, al mismo tiempo, desarrollar nuevas ramas de la agricultura, no pudo materializarse. Los jornaleros que llegaban de las Islas Canarias para trabajar en los cañaverales venían sin familias y muchos de ellos eran “golondrinas”, que volvían a su país de origen después de la zafra. Del mismo modo, el número de agricultores europeos radicados en Cuba como consecuencia de la política migratoria fue muy reducido; algunas familias rusas y noruegas se radicaron en Oriente, dedicándose al cultivo de naranjas.

La realidad económica en Cuba no aseguraba a los pequeños productores agrícolas un mercado que pudiese competir con la importación de productos alimenticios protegida por el Tratado de Reciprocidad (1903), el cual, además de garantizar a Cuba el mercado azucarero de los EE.UU, facilitaba la importación de productos básicos de los EE.UU. con una tarifa reducida. El Tratado de Reciprocidad estimuló el desarrollo de la industria azucarera, pero al mismo tiempo impidió el crecimiento de otros sectores económicos. La inmigración atraída a Cuba como resultado de las relaciones comerciales entre los EE.UU. y Cuba no fue de pequeños agricultores europeos, sino de emigrados que podían disfrutar de las nuevas oportunidades económicas que se abrieron con las grandes inversiones de capital extranjero en las centrales y en la construcción de servicios públicos.

Al igual que en el período colonial, el principal grupo de inmigrantes provenía de España: de los 309,521 inmigrantes que entraron en Cuba durante los primeros 10 años de la independencia, 251,578 – más del 80% – llegaron de España. Los emigrantes españoles, procedentes de las zonas rurales de Galicia y Asturias, abandonaban la agricultura al establecerse en Cuba y, aun dirigiéndose a las nuevas regiones de desarrollo azucarero en Camaguey y Oriente, tendían a radicarse en los centros urbanos. Atraídos por la numerosa colonia española, que dominaba el sector comercial de la economía cubana, dichos inmigrantes encontraban trabajo en establecimientos de comercio y fábricas pertenecientes a familiares que les habían precedido, o a través de los “Centros Regionales” – asociaciones de ayuda mutua creadas por oriundos de las distintas regiones españolas, que, además de proveer asistencia médica y social, servían como agencias de trabajo.

El segundo grupo importante de inmigrantes durante los primeros diez años de la República Cubana procedía de los EE.UU., seguido por Inglaterra y otros países de Europa occidental. Ese grupo lo componían directores, técnicos y empleados en las grandes compañías azucareras o en los servicios públicos, así como gente de negocios.

La mayoría de los inmigrantes del Medio Oriente, clasificados en los datos oficiales como provenientes de Siria y Turquía, eran cristianos libaneses, residentes de la Gran Siria, que hasta 1917 había pertenecido al Imperio Otomano. La mayor parte de los procedentes de Turquía eran judíos, atraídos hacia Cuba por su lengua materna – el judeo-español-, parecida al castellano. Muchos de los inmigrantes del Medio Oriente empezaron su vida económica en Cuba como vendedores ambulantes, tomando parte en el desarrollo comercial de la capital, así como de los centros urbanos aledaños a las centrales azucareras en las provincias orientales de la isla.

La inmigración de haitianos y jamaiquinos, organizada por las empresas azucareras, creció considerablemente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, cuando Cuba se convirtió en el principal productor de azúcar para los países aliados. Ante la creciente demanda de proveer mano de obra barata, el presidente Mario García Menocal publicó una nueva ley de inmigración, autorizando la importación de obreros contratados hasta dos años después de terminada la guerra, “siempre que por alguien se garantice debidamente que no habrán de convertirse en carga pública, y no serán amenaza para la sanidad pública y no cometerán ningún delito”.

Además de los antillanos, la nueva ley de inmigración autorizó la entrada de agricultores y trabajadores chinos, suspendiendo algunas secciones de la Orden Militar No. 155. Hay que subrayar que, a pesar de su prohibición, la inmigración de trabajadores chinos a Cuba continuó ilegalmente desde 1902, aprovechando la brecha en la ley migratoria que permitía la entrada de comerciantes, estudiantes y turistas. Corbitt cita las listas de chinos inscritos en el consulado de China en La Habana, según las cuales, entre 1903 y 1916 entraron a Cuba 6,258 inmigrantes.

Conclusión

La política migratoria de Cuba, hasta la Revolución de 1933, no fue formulada en base a sus necesidades económicas o a principios ideológicos, sino de acuerdo al modelo de la legislación de EE.UU. (en los años 1882-1916), según lo cual Cuba quedaba abierta a toda inmigración, con excepción de los chinos y los trabajadores contratados, así como personas que arriesgaban el bienestar público. Los intentos de fomentar una colonización europea para diversificar la agricultura y desarrollar una alternativa a la industria azucarera no tuvieron efecto. La inmigración, como todos los sectores de la economía y de la política, fue subordinada al gran desarrollo del monocultivo de la industria azucarera, la cual consiguió la concesión de importar braceros antillanos transgrediendo las normas de la legislación inmigratoria.

La demanda de cambiar la política migratoria fue realizada por la revolución de 1933, basada en los intereses nacionales cubanos y en defensa de los trabajadores nativos frente a los inmigrantes.

Importante nota de Nuevo Acción sobre el tema de la inmigración:

El 7 de diciembre  de 1933 Tony Guiteras  (fot0 de la izquierda) declaró al periódico Ahora que “el programa del gobierno es redimir a Cuba de la condición de colonia que ha tenido desde el descubrimiento”.

1933—Gobierno provisional de Grau, junto a Guiteras

Respondiendo a insistentes demandas de la población, el gobierno dicta una apreciable rebaja de las tarifas eléctricas y algunas medidas en favor de los trabajadores de ese sector, llegando a la intervención del monopolio norteamericano que controla los servicios de electricidad y gas. También fija límites a la usura, suspende temporalmente los desahucios de inquilinos y condona el 50% de los impuestos y contribuciones no pagados en el plazo debido. Gran repercusión tienen las medidas que se dictan en beneficio de los trabajadores, entre las que se hallan: cumplimiento de la ley que estableció la jornada máxima de ocho horas de trabajo y la que prohibía pagar los salarios en vales o fichas; fijación del jornal mínimo de un peso para los obreros industriales y de $0.80 para los agrícolas; prohibición del empleo de menores de 18 años en labores nocturnas y menores de 14 años como aprendices; creación de la Secretaría del Trabajo; establecimiento de la responsabilidad patronal ante los accidentes de trabajo. Dos de estas medidas de carácter social, que son de particular trascendencia, suscitan criterios encontrados: la sindicalización forzosa de los trabajadores —frente a la oposición de los patronos a que los obreros se organizaran—, y la llamada «ley de nacionalización del trabajo», que establece la obligatoriedad de que no menos del 50% de los obreros y empleados de cualquier centro de trabajo sean cubanos nativos.

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