MOVILIZACIÓN, NO CAPITULACIÓN ANTE LOS PLANES TOTALITARIOS

La invitación del ex procurador Alejandro Ordóñez (Foto de arriba) a “movilizarnos para derrotar este régimen” llega en buena hora. Toda otra alternativa es ineficaz. La lucha contra los pactos secretos de La Habana no puede ser aplazada hasta mediados de 2018.

Por Eduardo Mackenzie-Periodismo sin fronteras

Por fortuna Alejandro Ordóñez Maldonado ha hecho este llamado: “Colombianos, tenemos que movilizarnos para derrotar este régimen de complicidades y contrataciones obscuras”. El ex Procurador General, quien estima que el presidente Santos viene realizando “un golpe de Estado disfrazado”, se pregunta, con toda razón, si Santos y las Farc “quieren meter en la Constitución el gobierno de transición (y de cogobierno) que exige Timochenko”. La única salida que ve el líder conservador es clara: “Colombianos tenemos que movilizarnos y evitar esa gran atrocidad” (1).

Al hablar así, Alejandro Ordóñez dice lo que ningún líder político colombiano se ha atrevido a decir en estos días tan cruciales para Colombia: hay que movilizar al país entero para frenar al precio que sea la carrera entreguista en la que se empeña, contra viento y marea, el poder ejecutivo y sus minorías aliadas, en beneficio del narco-comunismo.

Alejandro Ordóñez siempre ha pedido revocar los acuerdos de La Habana y respetar la decisión del plebiscito

Gran jurista y posible candidato presidencial de las fuerzas que quieren impedir el colapso de nuestra democracia, Alejandro Ordóñez describió con lucidez la prioridad del momento: la movilización popular en defensa de la patria. Su llamado, muy claramente, llena un vacío y apunta a la superación de la crisis de dirección que existe en el país. Sobre todo, contrasta con las actitudes de ciertos líderes de la oposición parlamentaria, empeñados, desgraciadamente, en mantener a la ciudadanía en una actitud de espectador pasivo.

Ante la obra destructora de Santos no basta la táctica de los comentarios y de las constancias. Tampoco es realista limitarse a preparar una elección presidencial en 2018, perspectiva cada vez más ilusoria ante los asaltos contra el sistema democrático que vive el país.

En su mensaje del 16 de febrero, el exjefe del ministerio público recordó que Juan Manuel Santos y las Farc intentan usar la vía espuria del fast track para “cambiar la Constitución a su antojo, de espaldas a ciudadanos, y con un congreso sometido”, y que con la propuesta oficial de ampliar a cinco años el mandato presidencial esos sectores podrían aplazar las elecciones de 2018.

Las FARC no se han desmovilizado

Por otra parte, la declaración de Alejandro Ordóñez aparece en un momento geopolítico inusual, que ni la oposición, ni la prensa somnolienta, quieren ver: las Farc dicen haber completado el traslado de sus tropas (con armas, municiones, explosivos, finanzas, camiones, lanchas y escudos humanos –los niños-soldados y los niños secuestrados–), a las 31 localidades previstas en el acuerdo de La Habana. Es decir, han reposicionado su dispositivo militar y están construyendo campamentos estables en las “zonas veredales transitorias de normalización”, en la perspectiva de imponer al Estado una nueva relación de fuerzas para avanzar en lo que ellos llaman “la implementación de los acuerdos” cubanos.

Obviamente, el desarme de esas huestes ilegales no está en el orden del día, pues la dinámica de las Farc (y de los frentes “disidentes” de ellas y el Eln) no es renunciar a sus respectivos poderes de hecho (territorial, militar y político), e ir hacia su integración al sistema democrático, sino avanzar, por el contrario, hacia nuevas conquistas en esos tres terrenos y lograr la destrucción del orden establecido. Los jefes del narco-terrorismo lo dicen sin rodeos: no habrá desarme hasta que el gobierno no les garantice a las Farc la impunidad definitiva y total. Cuando consigan eso, inventarán, probablemente, otro pretexto para seguir en pie de guerra.

El ex presidente Uribe promete no revocar acuerdos de La Habana

En ese contexto de alto riesgo, donde emerge, así mismo, el absurdo de que ya hay seis representantes de un movimiento armado interviniendo en la vida parlamentaria colombiana, sin olvidar que, además, las víctimas de las Farc no tendrán ni un vocero en el Senado, Álvaro Uribe Vélez hizo una concesión mayor a las Farc que creó consternación en el país. Este 19 de febrero, el ex presidente dijo: “El Centro Democrático [si gana las elecciones de 2018] no propondrá revocar los acuerdos con las Farc, pero luchará para introducir los ajustes que taponen el camino castro-chavista”.

Lanzado antes de que las Farc hayan siquiera iniciado su desarme, semejante postulado, equivale a desconocer el veredicto ciudadano del 2 de octubre de 2016, cuando los colombianos rechazaron la totalidad de los acuerdos Santos-Farc en el plebiscito. Con tal declaración, Uribe rompe súbitamente la unidad que existía entre los partidarios del NO a los pactos de La Habana y a la ulterior imposición autoritaria de eso por la vía ilegitima del fast track

¿Qué pudo haber impulsado al ex presidente Uribe a hacer tal cambio de línea? ¿Puede alguien dudar que los acuerdos de La Habana tienen un solo objetivo: conducir el país hacia el socialismo castrista? Creer que ese pacto nefasto puede ser benéfico para Colombia si se le hacen unos “ajustes”, es decir unos cambios menores que no rompan su coherencia interna, revela que tal análisis descansa sobre una caracteriza errónea de los pactos Santos-Farc.
Ajeno a estas preocupaciones, el general argentino Javier Pérez Aquino, jefe de los observadores de la ONU, asegura en tono triunfalista que “6 900 combatientes de las Farc” ya han llegado a las 31 veredas de “normalización”. En realidad, la cifra real de eso nadie la conoce, pues los organismos de seguridad colombianos tienen la orden de no intervenir allí ni verificar nada. Es decir, la situación geopolítica del falso “proceso de paz” está en manos de agentes extranjeros, orientados por Cuba.

¿Cómo se podría combatir la consolidación de esa amenaza a la seguridad nacional con tardíos “ajustes” al pacto Farc-Santos que un nuevo presidente de la República podría impulsar jurídica y materialmente sólo después del 7 de agosto de 2018? ¿Es razonable el argumento de que se puede llegar a un acuerdo sobre “ajustes” a los acuerdos de La Habana cuando las Farc ven al CD como su enemigo mortal y tratan de suprimirlo por todos los medios? ¿Los “ajustes” se pactarían con quién? ¿Con gente como alias Carlos Lozada quien dijo hace unos días que en el gobierno entrante “solo estarán las fuerzas que apoyen la implementación del acuerdo” de la Habana?

Las veredas “de normalización” no fueron escogidas al azar: la mayoría de éstas (20 de las 31) están en la parte que va del centro al sur del país, y las 11 restantes están en la parte del centro-norte de Colombia. Si alguien quisiera partir en dos a Colombia no habría escogido mejor la ubicación de esos campamentos. ¿Las Farc posicionan así sus fuerzas para cumplir los viejos planes de alias Alfonso Cano de quedarse un día, al menos, con la mitad sur de Colombia?

Hace apenas ocho semanas, un grupo de 14 juristas, periodistas y militantes políticos lanzaron un manifiesto en el que piden al Centro Democrático organizar un frente republicano contra los acuerdos rechazados en el plebiscito, y decretar la movilización general contra el desmantelamiento del sistema democrático. Dicen allí: “Las manifestaciones, la huelga, los plantones, la ocupación de plazas, universidades, carreteras, son formas de movilizaciones sociales legítimas y necesarias. Hay una dinámica incipiente, un anhelo espontáneo de ir hacia la construcción de grandes manifestaciones en las ciudades, de grandes marchas, con objetivos claros contra el statu quo. Como la exitosa del 2 de abril pasado en la que miles de colombianos gritaron ‘¡Que Santos se vaya!’ y la de este 29 de octubre en defensa del sistema democrático. Pero falta un impulso, una voluntad política, una línea clara y ofensiva del centro político. Sin esa voluntad política Santos avanza sin obstáculos.” (2)

La respuesta del CD fue el silencio. La desmovilización de la población continuó y Santos siguió aprovechándola para imponer más y más aberraciones. El manifiesto decía: “La derrota de los planes totalitarios de las Farc no la lograremos con la sola fuerza de la discusión parlamentaria. Hay que pasar a la acción directa pacífica”. Y agregaba: “La llamada ‘implementación de los acuerdos’ de Santos con las Farc no conocerá el menor obstáculo si el país no se levanta masivamente contra esos planes. Proponer seguir en el mismo modelo de oposición, sin contar con la movilización popular efectiva, es incurrir en un cálculo suicida.”

¿El pre candidato Alejandro Ordoñez está de acuerdo con esa orientación? Eso parece, en principio. Sería muy útil que haya una confirmación. En todo caso, su invitación a “movilizarnos para derrotar este régimen” llega en buena hora. Toda otra alternativa es ineficaz. La lucha contra los pactos secretos de La Habana no puede ser aplazada hasta mediados de 2018.

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