POR LOS FRENTES DE IBEROAMÉRICA: DUQUE, UN AÑO PERDIDO PARA COLOMBIA-PRIMERA PARTE

Duque no ha hecho nada por la abolición ni por la modificación del siniestro pacto final Farc/Santos, rechazado por el país

Por Eduardo Mackenzie-Periodismo sin Fronteras

Hoy Colombia produce más cocaína que ayer. La leve reducción de 1,2% de las plantaciones ilegales  en 2018 no es gran cosa cuando la producción efectiva de esa substancia está creciendo. En 2018, la producción de ese estupefaciente aumentó en Colombia un 5.9%, según la ONU. Es una cifra escalofriante que empeora el triste récord del país: ser el mayor cultivador de hoja de coca del mundo. Eso es lo que ocurre hoy, mientras que el presidente Iván Duque intenta convencernos de que su política en ese ramo es la única posible.

En realidad, no hay progreso. Vamos para atrás, muy alegremente. La falla principal no solo está en ese aumento de la producción y exportación de drogas. También es esencial el andamiaje institucional y político que sostiene esa industria letal y que explica el crecimiento de la nefasta producción. Ese aparato está cada vez más perfeccionado y el gobierno no sabe cómo quitarle un solo ladrillo a ese horrendo edificio.

El primer año de gobierno de Duque debe ser juzgado a la luz de esta situación, de esa impotencia, del estado real del más grande problema que tiene Colombia, el narcotráfico, y no a la luz de las cosas menores que hace, anuncia o promete el presidente.

Iván Duque no ha querido batallar para reformar la justicia, ni para sacar adelante la reforma política

De poco sirve la aprobación de un Plan de Desarrollo, o de una ley “de reactivación” económica, si el país sigue prisionero de la droga, como productor y consumidor, y si las bandas que controlan ese negocio se multiplican. Los asesinatos de líderes sociales y agentes de la fuerza pública no cesan y las “disidencias” de las Farc se refuerzan. Emerge, a su vez, la posibilidad de un nuevo centro político-militar en torno de Márquez, Santrich, Romaña, El Paisa y Gentil Duarte, los cabecillas que “desertaron de la paz”, como los llama cierta prensa. Los carteles mexicanos están infiltrados en 10 departamentos y están contribuyendo al aumento de la violencia en las zonas rurales, donde la presencia de la fuerza pública es escasa y fugaz, y hasta tratan de inmiscuirse en los resultados de las elecciones regionales de octubre.

Ello ocurre pues lo principal fue dejado de lado por Iván Duque. Él no ha querido batallar para reformar la justicia, ni para sacar adelante la reforma política. Tenía que haber comenzado por el restablecimiento del Estado de Derecho, pero no lo hizo. Su creencia es  hacer reformetas para  “fomentar el crecimiento” sin ver que el problema grande es el derrumbe institucional y jurídico que perpetró Juan Manuel Santos.

En marzo de este año, Donald Trump se manifestó fuertemente contra el gobierno de Duque

Duque le ha dado la espalda a esa tarea. Ha escogido la línea del menor esfuerzo. No ha hecho nada por la abolición ni por la modificación (aun la más tímida) del siniestro pacto final Farc/Santos, rechazado por el país. Duque decidió dejar intacta la JEP y acatar lo que deciden al respecto organismos no elegidos, como la CSJ y la CC. Ello permitió la escandalosa y prevista huida del país de Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos por actos de tráfico de drogas. La JEP, aparato vital del Estado fariano, sigue intacto. Duque ni siquiera ha querido darle respaldo personal y político al referendo de iniciativa ciudadana que impulsa el periodista Herbin Hoyos para tratar de revocar la JEP.

El mandatario actúa como un espectro palaciego que no sabe cuán extensos  son los poderes y prerrogativas de un presidente colombiano. ¿Alguien podría decirle que lea, al menos, los ocho capítulos de la Constitución Nacional sobre la rama ejecutiva?  ¿Alguien podría explicarle que en nuestro sistema el país no puede ser dirigido por los jueces y que si alguien impone tal desviación, hay que levantarse contra eso y convocar al país para restablecer el Derecho?

Iván Duque aplazó la reforma electoral que habría podido dar mayor pureza al sufragio universal y establecer la segunda vuelta para la elección de alcaldes y gobernadores, para evitar lo que ha ocurrido en algunas pequeñas y grandes ciudades, como Bogotá: los golpes de mano de minorías nefastas.

Duque cree que el país puede seguir sin un Fiscal General y sin una justicia normal. Y sin una Constitución. La de 1991 ha sido arrinconada y la de Timochenko/Santos es la única que cuenta: esta es la que desorganizó la fuerza pública para que la producción de drogas siga creciendo. Una justicia despótica reina en todas partes, y obra, mediante el bien dosificado terror psicológico, contra todo aquel que luche por la restauración del Estado de Derecho.  El caso más dramático lo vive hoy el ex presidente Álvaro Uribe,  líder del partido Centro Democrático. Él es objeto, de nuevo, de una de esas maniobras cínicas, enredadas y tenebrosas, que la subversión quiere imponer como modelo. El abogado y periodista D’mar Córdoba resume el asunto así: “El ex presidente Uribe, quien denunció que ciertos sectores de la extrema izquierda estaban presionando a ex paramilitares para que testimonien contra él, terminó como único investigado. Pasó de víctima a victimario por cuenta de una Corte que deja mucho que pensar en su actuación contra el ex mandatario”.

Uribe es víctima de cientos de escuchas telefónicas ilegales. Por denunciar eso y revelar que hay en marcha un plan para enlodar el buen nombre de él y de su familia, el senador fue acusado de “fraude procesal y soborno”. Las intercepciones ilegales fueron etiquetadas como legales y un juez de la cuerda anti-Uribe quiere ahora meterlo a la cárcel el 8 de octubre próximo, disque para  escucharlo. Así va el derecho penal en Colombia. El anuncio de que el expresidente será “indagado” fue lanzado dos días después en que el dictador Nicolas Maduro gesticulara en Caracas que Álvaro Uribe quería matarlo y que para eso había enviado “32 mercenarios”. ¿Coincidencia? ¿Reciprocidad?

A esos extremos de villanía se llega por la desidia de un gobierno que aplazó toda reforma destinada a proteger a los ciudadanos de semejantes abusos. ¿De qué sirve ufanarse de que “la inversión aumentó este año” (gracias a sus viajes al extranjero) si en un Estado sin derecho las ganancias terminan en las manos de los más violentos?

(Continuará)

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