POR LOS FRENTES DE IBEROAMÉRICA: LOS SOLDADOS COLOMBIANOS, VÍCTIMAS DE LA GUERRA JURÍDICA

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LIAFOWLERPor Lía Fowler*- Periodismo sin fronteras

Arnulfo Amaya, aka ‘Alonso,’ fue un militante del Ejército de Liberación Nacional, un grupo terrorista colombiano conocido como el ELN. Eso dice Cindy Rueda, quien identificó a ‘Alonso’ como uno de los hombres que asaltó su bus escolar y la secuestró junto con otros cinco niños en el 2003. Eso también dice Kevin Rojas, secuestrado al mismo tiempo que Cindy, quien identificó a ‘Alonso’ como uno de los hombres que lo tuvieron en cautiverio por tres días, antes de ser rescatado en una operación militar liderada por Wilmar Ferney Durán, quien en esa época era un teniente. Y eso dicen el hoy Capitán Durán y tres militares bajo su mando, quienes meses después participaron en la “Operación Jaguar,” cuyo objetivo era buscar a ‘Alonso’ y otros secuestradores aún prófugos en la zona de San Calixto, Colombia. El secuestrador, quien cargaba una subametralladora MP-5 con un proveedor de 35 cartuchos, una pistola 9mm y dos granadas, fue abatido cuando disparó contra los soldados. Pero en el 2010, pese a evidencia contundente que ‘Alonso’ era un terrorista del ELN – y sin una sola prueba que indicara lo contrario – el fiscal reinventó al secuestrador como un “humilde campesino,” y el Capitán Durán y sus subalternos fueron condenados a 28 años de cárcel.

El Capitán Durán es uno de miles de soldados perseguidos y condenados por las Cortes politizadas de Colombia, donde fiscales y jueces sistemáticamente sacrifican la Justicia por promover sus propios fines ideológicos. Un grave ejemplo de la corrupción endémica del sistema judicial fue capturada en una grabación en el 2009, pero dada a conocer apenas el año pasado, del Magistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos: “…contraigo mi intervención a que los argumentos que esbocemos sean argumentos de conveniencia política, social,” dijo Bustos a sus colegas en un caso ante la corte. “Si nosotros tratamos de sustentar este último criterio con argumento de carácter jurídico, esta discusión sería bien bizantina”.

Aunque la grabación se consideró ilícita, su contenido es auténtico. Abusada por magistrados y fiscales por “conveniencia política,” la Justicia se ha convertido en un arma efectiva contra unas Fuerzas Armadas que ya han perdido unos 16.000 militares a manos del ELN y su organización hermana, el grupo narco-terrorista FARC – los grupos terroristas más sanguinarios del hemisferio.

El caso del Capitán Durán supuestamente es uno de los llamados “falsos positivos militares” que tanto mencionan algunos grupos de derechos humanos y ciertos oficiales de los Estados Unidos cuando hablan de las negociaciones actuales en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. El término se refiere al descubrimiento en el 2008 de asesinatos extra-judiciales de civiles por parte de militares, que hicieron pasar a las víctimas por guerrilleros. Según la Fiscalía colombiana, hay más de 1.800 investigaciones abiertas por “falsos positivos,” involucrando a más de 5.000 militares.

WILMERDURANINJUSTICACOMETIDACONTRAESTECAPITANEl caso del Capitán Durán no fue tratado por un tribunal militar

Mientras sí se han dado casos reales de “falsos positivos militares,” han sido perpetrados por individuos actuando independientemente; no ha sido una práctica generalizada dentro de las instituciones militares. Lo que sí ha sido sistemático es la práctica de los falsos positivos judiciales: la persecución de militares por parte de fiscales y jueces que aprovecharon el escándalo para retroactivamente pintar a los terroristas abatidos en combate como víctimas inocentes.

“A raíz del escándalo de los ‘falsos positivos’, estamos pagando miles de militares que no tuvimos nada que ver con los ‘falsos positivos,’” dijo el Capitán Durán en una entrevista telefónica desde su sitio de reclusión en Colombia.

Un análisis de la evidencia en su caso corrobora su inocencia y la violación de su derecho al debido proceso. Ni un solo testigo se presentó en la Corte que apoyara la tesis de que ‘Alonso’ fuera nada diferente a un miembro del ELN. Los reportes autenticados y las comunicaciones radiales del día de los hechos; la identificación de ‘Alonso’ cómo un terrorista por parte de las víctimas, un combatiente desmovilizado, y un miembro de la comunidad; así como las armas en su posesión corroboran la versión de los hechos presentada por los militares.

“No cabe duda que se trató de una acción legal por parte del Ejército Nacional,” concluyó el abogado Isaías Rodríguez, quien representó a algunos de los acusados en el juicio.

Pero el caso del Capitán Durán no fue juzgado por un tribunal militar. En una columna del 2011, Rafael Nieto Loaiza, quien fue vice-ministro de Justicia, explicó: “Cuando hay una operación con heridos o muertos se les abre de inmediato una investigación penal por parte de fiscales y jueces de la jurisdicción ordinaria que no tienen ningún conocimiento de la teoría y la práctica militar y ni idea alguna de cómo debe decidirse, coordinarse y ejecutarse un combate y que con no poca frecuencia son soterrados enemigos de la Fuerza Pública. A veces los muertos en combate se convierten en ‘falsos positivos.’”

Aunque varios de los 27 militares originalmente encausados en el escándalo de los ‘falsos positivos militares’ en el 2008 han sido absueltos, los falsos positivos judiciales contra los militares han generado una imagen distorsionada del Ejército colombiano, desdibujándolo como una institución que sistemáticamente viola los derechos humanos. Esta idea es promovida por la propaganda de las FARC y repetida ciegamente por ciertos funcionarios de Estados Unidos.

En una reunión en Washington entre el Secretario de Estado John Kerry y el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos en febrero, por ejemplo,

“No cabe duda que se trató de una acción legal por parte del Ejército Nacional,”

Kerry pidió penas significativas para los responsables de crímenes de Guerra. Pero, aunque no se refirió a las masacres, los secuestros, y las torturas contra la población civil y contra los militares por parte de las FARC, si mencionó específicamente los llamados ‘falsos positivos.’

De igual manera, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch Americas ha criticado la impunidad que los acuerdos de FARC-Santos brindarían a los militares; pero no menciona a los responsables de reclutamiento de niños, esclavitud sexual, y otros crímenes atroces, quienes no solo no pagarán ni un día de cárcel, sino que además serán premiados con curules en el congreso.

Pero aquellos Oficiales de los Estados Unidos cuya opinión se basa en su experiencia con las Fuerzas Armadas de Colombia – y no en artículos propagandistas – tienen una perspectiva más acertada:

“.. Esto es lo que las FARC no quiere que el mundo sepa: que Colombia es afortunada, pues cuenta con militares profesionales dedicados a proteger los derechos humanos y a apoyar un paz justa y equitativa,” escribió el General John Kelly, ex-Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en una columna de opinión en el Miami Herald el 3 de mayo del 2015.

Uno de aquellos militares dedicados es precisamente el Capitán Durán, quien ha interpuesto una acción de tutela ante la Sala Civil de Casación. En menos de un mes, la Magistrada Margarita Cabello Blanco y la Corte decidirán si fueron conculcados los derechos fundamentales del Capitán.
Si rinden una decisión basada en su conveniencia política, el Capitán Durán no tiene esperanza: A la Corte no le conviene desenmascarar la corrupción del sistema judicial. Pero si la Corte decide, como debe hacerlo, considerar argumentos jurídicos, el Capitán Durán recobrará, al fin, su libertad.

*Lía Fowler es una periodista americana y ex-Agente Especial del FBI.

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