SUICIDIO DE JOVEN RECLUTA LLEGA HASTA DÍAZ CANEL

JUANJUANALMEIDAPor Juan Juan Almeida-Radio y Tv Martí

Desgraciadamente no se puede recuperar el hijo de una madre destrozada de dolor; pero sí se puede hacer justicia. El caso de Dayron Andino León, el joven que falleció en la unidad de prevención de las FAR en la provincia de Cienfuegos, no es suicidio, fue homicidio.

Hace unos días conocimos que un muchacho cienfueguero, desertor del Servicio Militar cubano, con apenas 18 años, se suicidó en la prisión militar de su provincia natal, donde permanecía recluido a la espera de juicio. Internet amplificó el suceso; algunos con poco decoro permanecieron callados; y otros, con semejante impudor y oscuro afán publicitario, intentaron convertir el hecho en carnaval noticioso.

El prólogo retorcido de esta truculenta historia describe una salida ilegal en la que sus protagonistas, interceptados en alta mar a casi 25 millas de las costas de Estados Unidos, fueron devueltos a la isla por guardacostas americanos siguiendo el protocolo de “pies secos, pies mojados”.

Ya en La Habana, el joven Andino León fue llevado al Hospital Militar Naval para recibir atención médica y, debido a su condición de recluta desertor, lo aislaron, lo presionaron, lo amedrentaron y finalmente lo condujeron hasta la Unidad de Instrucción y Prevención (Boinas Rojas) de la ciudad de Cienfuegos, donde esperaría no un jucio con garantías procesales sino una Corte Marcial, que no es lo mismo ni se escribe igual.

El 18 de noviembre el joven Dayron falleció. Lo encontraron en horas de la madrugada, en su celda asfixiado tras colgarse con una sábana. La lógica indica suicidio; pero la historia es más larga.

Según el informe escrito y firmado por el teniente coronel Víctor Hernández Cárdenas, jefe de la unidad en cuestión donde se dieron los hechos, ubicada en la avenida 49 esquina a la circunvalación; el recluta desertor (a quien se refiere por un número y luego por Dayron Andino León) llegó a su unidad reportando un notable desajuste conductual, provocado por la innecesaria intensidad de varios y muy agresivos interrogatorios. El reo, no olvidemos que tenía escasamente 18 años, cruzando el límite del paroxismo de la desesperación, le pidió al guardia de la prisión una sábana para ahorcarse; el gendarme, más que desoír, le retó y violó el código penal cubano al prestarle auxilio conociendo la intención y con la vileza añadida de azuzarle al suicidio.

La evidencia falleció; pero el informe aún existe y fue entregado en una casa de visita ubicada a orillas de la bahía cienfueguera, en el residencial Punta Gorda, al primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel.

Ocasión justa para recordar que el código penal cubano sanciona por encubrimiento a quien, con conocimiento de que una persona ha participado en la comisión de un delito o que se le acusa de ello, la oculte o le facilite ocultarse, o huir o altere o haga desaparecer indicios o pruebas que cree puedan perjudicarla o en cualquier otra forma la ayude a eludir la investigación y a sustraerse de la persecución penal.

Que se haga valer la ley, es lo que toca. La indiferencia no es opción.

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