CÁTEDRA DE POLÍTICA: ESTADO ORGÁNICO-TOTALITARISMO- PARTE 2 Y FINAL- preparado y presentado por el Instituto Nacionalista Cubano de Estudios Políticos, de Opción Restauradora Nacionalista

JULI-- USEVOLALOSHOMBRESYLASRUINASJULI-- USEVOLAPor Julius Evola- de su libro “Los hombres y las ruinas”

En estos términos, la antítesis de las dos perspectivas parece flagran­te: se debe considerar ante todo como concerniente al espíritu de ambos sistemas. Hace falta recordar, cuando se analizan estas situaciones especia­les del carácter sobre todo económico, que imponen, como es el caso en la actualidad, una intervención coordinada y reguladora reforzada por los poderes centrales. Incluso en una coyuntura similar, donde le congestión de las fuerzas y la complejidad de factores difíciles de controlar de otra manera, obliga a dejar un cierto margen al “dirigismo” es posible conservar, a título de principio-guía la idea orgánica, frente a cualquier forma de totalitarismo. Lo veremos, por ejemplo, cuando hablemos del corporativismo.

Hagamos aún otra precisión de orden terminológico. Estatolatría y esta­tismo son dos expresiones que se utilizan e menudo con una intención polémica, aproximadamente igual a la palabra “totalitarismo”. Puede deducirse de las páginas precedentes lo que conviene pensar el respecto. La polémi­ca cae en el vacío cuando intenta contestar la preeminencia que pertenece legítimamente al principio político del estado frente a la “sociedad”, al “pueblo”, y la comunidad nacional y, en general, a toda la parte física y económica de la organización humana. Hemos dicho que desconocer esta pre­eminencia equivale a negar la prioridad de este principio en su realidad, y función propia, contrariamente a lo que aparece como una constante del pensamiento tradicional. No es pues en modo alguno necesario utilizar la palabra nueva de “estatismo”, que comporte siempre un cierta matiz negativo para expresar le preeminencia en cuestión.

En lo que respecta a la “estatolatría” conviene examinar a fondo la ba­se efectiva de dos principios fundamentales: el imperium y la auctoritas. Aquí la situación difiere totalmente, según que se divinice lo que es pro­fano y que se le confiera un carácter absoluto o que, por el contrario, la realidad política se encuentra legitimada también por referencias espiri­tuales y, en cierta manera, trascendentes. No es sino en el primer caso en donde existe usurpación y fetichismo y donde puede hablarse de estatolatría. Esta entra así en el mismo marco que el totalitarismo. Su límite es la teología mística del estado totalitario omnipotente, fundado sobre la nueva religión terrestre del hombre materializado.

Por el contrario, la concepción orgánica presupone en la base de la autoridad y del mando una trascendencia, algo que tiene “de arriba” falto de lo cual estarían inmediatamente ausentes las conexiones inmemoriales y sustanciales de las partes con el centro, el orden interno de libertades individuales, la inmanencia de una ley general que guíe y sostenga sin obligar, finalmente la disposición supraindividual de lo particular sin lo cual toda descentralización y articulación acabaría por constituir un peligro para la unidad del todo.

Es necesario reconocer que hoy, habida cuenta del clima general de mate­rialización y desacralización no es fácil indicar soluciones conformes a esta segunda perspectiva, pero es un hecho que la realidad política moderna ha conservado vestigios nada despreciables que parecerían absurdos en ausencia de cualquier referencia a lo sagrado.

Tal es el caso, por ejemplo, del juramento. El juramento trasciende las categorías del mundo profano y laico. Ahora bien, vemos estados modernos, estados democráticos, laicos y republicanos, pedir juramento e incluso ha­cerlo obligatorio; vemos a magistrados, ministros, soldados, prestarlo, lo cual es absurdo, incluso un sacrilegio cuando el Estado no encarna el principio espiritual: se trata ahí precisamente, de estatolatría. Cuando la noción de lo que significa verdaderamente un juramento está totalmente perdida ¿cómo se puede consentir en jurar, como se puede hacer jurar, si el Estado no es nada más que lo que quieren ver las modernas ideologías iluminadas? Una autoridad secular –weltliche Obrigkeit, según la fórmula luterana- no tiene nunca el derecho, en tanto que tal, de exigir un juramento. En contrapartida, el juramento aparece como un elemento esencial, -normal y legítimo en las unidades políticas de tipo orgánico y tradicional. Tal era, ante todo, el caso del juramento de fidelidad considerado como un verdadero sacramento –sacramentun fidelitatis-. La importancia que reves­tía en el mundo feudal, por ejemplo, es bien, conocida, bajo el signo del cristianismo, sobre todo, constituyendo el compromiso más terrible; un historiador ha escrito que “hacía mártires de aquellos que sacrificaban su vida para permanecerle fieles y condenados de aquellos que lo violaban”.

Hay otro punto que no deja de tener analogías con el que le precede. Se, ve frecuentemente reaparecer, en las ideologías de tipo comunitario y democrático la idea de sacrificio y de servicio, el altruismo, la subordinación e incluso el sacrificio del individuo a un interés general; todo esto se ha convertido, con más o menos retórica, en consignas y eslóganes. Se trata aquí también de una sociolatría, de una estatolatría y en cualquier caso de un fetichismo. Hace falta preguntarse qué sentido pueden tener esos llamamientos en el marco de una organización cuyos fundamentos son, por hipótesis, puramente. “positivos” y contractuales. Ciertamente, la capacidad de sacrificio reviste a veces formas instintivas y no reflexionadas, irracionales, hasta el punto de que se manifiesta incluso en los animales. El sacrificio de una madre por su hijo pertenece a este tipo de sacrificios instintivos y “naturales”. Pero estas propensiones se sitúan más allá del plano donde se define el concepto de “persona” y así pues más allá del plano político en el sentido propio del término. La forma de la cual las cosas se presentan en este terreno ha sido puesta a la luz por Höfler, gracias a una comparación, muy adecuada: en una sociedad por acciones que representa precisamente el tipo de una comunidad de intereses funcionando bajo bases puramente con­tractuales y utilitarias, exigir que uno de los accionistas se sacrifique poco o mucho en el interés común y, más aún, en el interés de cualquier otro accionista, es un puro absurdo: el conjunto, el elemento co­mún, tiene por fundamento y única razón suficiente, el interés utilitario del individuo.

Pero no sucede de otra manera en una sociedad o en un Estado privado de toda consagración espiritual, de cualquier dimensión trascendente. Cuando un Estado de este tipo exige actos fundados sobre otro principio que el del puro beneficio individual o sobre motivaciones subjetivas, afectivas o pasionales, no puede tratarse más que de fetichismo, de estatolatría o de “sociolatría”. Y los sucedáneos a base de “estado ético” o de otras nocio­nes similares no sirven para nada en sus confusas identificaciones dialécticas del individuo y de lo universal que se reducen a juegos de mesa especulativos porque solo puede valer para el conjunto un concepto exclusiva­mente laico y humanista. Y aquel que no se contenta con palabras encuentra solo en la base de la “ética inmanente y universal”, poco menos que nada, o peor aún, una retórica al servicio del Sistema.

Cuando este sistema se despliega en un totalitarismo coherente, sus sos­tenedores saben que una retórica o mística de este género no vale lo que un buen terror. En este caso, cada cual ve exactamente de qué se trata y la liquidación así operada de la mitología “idealista” de la cual se rode­an las formas políticas íntimamente “desacralizadas”, constituye, en suma, un realismo purificador.

Mencionemos, para terminar, una fórmula que se encuentra a menudo asociada en la polémica democrática, a la del totalitarismo: la fórmula del “par­tido único”. El fascismo italiano afirmó que el Estado es “el partido único que gobierna totalitariamente a la nación”. Ideas análogas han sido profesadas por otros movimientos tendentes a establecer un orden nuevo, pero esta fórmula no es nada afortunada, diremos incluso que es híbrida, por el hecho de que vestigios del concepto democrático parlamentario se encuentran asociados a una exigencia de orden superior.

Hablando rigurosamente, “partido” significa parte. La noción de “partido único” es entonces contradictoria o aberrante, en la medida en que la par­te quiere ser el todo y dominar el todo. En la práctica la noción de partido, pertenece a la democracia parlamentaria y sirve para designar a una organización que defiende una cierta ideología contra otras ideologías sostenidas por otros grupos, a los cuales el sistema reconoce el mismo derecho y la misma legitimidad. En estas condiciones, el “partido único” es aquel que, de una manera u otra, “democráticamente” o por la violencia, logra apoderarse del Estado y luego no tolera a otros partidos, utilizando al Estado como su instrumento, impone en tanto que fracción, su ideología particular a la nación.

Así definida, la idea de “partido único” es indudablemente problemática pero también ahí los adversarios hacen leña de cualquier árbol; olvidan la eventualidad de ciertos desarrollos gracias a los cuales esos aspectos negativos y contradictorios pueden ser rectificados y gracias a los cuales es posible pasar de un sistema e otro. Su crítica pierde todo alcance, cuando, en lugar de partido, se habla únicamente de minoría; porque la idea de que no es tanto el partido, sino le minoría o élite políti­ca, quien controla el Estado corresponde a algo perfectamente legítimo e incluso es una necesidad para todo régimen político. Hace falta pues, de­cir que un partido que se convierte en partido único debería cesar, por lo mismo, de ser un “partido”. Sus miembros o al menos los más cualificados de entre ellos, deberían presentarse y gobernar bajo la especie de un tipo de Orden, de casta específicamente política que no constituiría un Estado dentro del Estado sino que ocuparía y reforzaría las posiciones claves del Estado, que no defendería una ideología particular sino que encarnaría impersonalmente la pura idea del Estado. El carácter específico de una revolución, no se expresaría por la fórmula del “partido único”, sino por aquella del Estado Orgánico y “antipartido”. No se trata pues aquí más que del retorno a un Estado de tipo tradicional tres un período de interregno y de fórmulas políticas especiales de transición.

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