EL MARXISMO CULTURAL IMPONE EL FIN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EUROPA- Primera parte. Según un extenso reportaje publicado en la nueva Revista Naves en Llamas, en su número del pàsado mes de junio, el totalitarismo socialdemócrata se extiende por los principales países de la Unión Europea de la mano de la más asfixiante censura periodística que ha vivido el viejo continente desde la II Guerra Mundial.

Mientras el Parlamento Europeo “aconseja” a los ciudadanos qué periódicos leer y pretende “enseñar” qué información seleccionar y cómo hacerlo, países como Alemania, Francia, Suecia o Gran Bretaña, entre otros, diseñan leyes intensamente restrictivas que se presentan como herramientas legislativas contra las “noticias falsas”, pero que tienen como único fin castigar y eliminar todas aquellas informaciones y opiniones que cuestionen el pensamiento políticamente correcto impuesto a sangre y fuego en la UE por las fuerzas políticas dominantes y la totalidad de los medios de comunicación del Sistema.

La historia de la comunicación de masas demuestra que las informaciones falsas, las noticias equivocadas, los comentarios manipuladores, los análisis torticeros, las opiniones estridentes, las críticas furibundas y los puntos de vista rompedores son la esencia de la libertad de expresión desde que las primeras gacetas comenzaron a ver la luz en la Europa del siglo XVI. Y, del mismo modo, tratar de poner fin a la publicación de “mentiras” ha sido la excusa preferida de los incontables censores políticos, culturales o religiosos que el mundo ha conocido a lo largo de los siglos. Lo dramático del asunto es que hoy, en el siglo XXI, son las principales potencias de Occidente, sumisas a una falsaria corrección política impuesta por la alianza atroz existente entre el marxismo cultural y el islamismo político, las que no dudan en silenciar a sus ciudadanos más libres, aquellos que se niegan a acatar el discurso ideológico dominante.

Durante los últimos años, y especialmente desde que las grandes empresas periodísticas entraron en una crisis económica dramática a consecuencia de la implosión producida en el sector por la llegada de las TIC’s (nuevas tecnologías de la comunicación y la información), han sido los canales televisivos de más audiencia y las principales cabeceras del continente (tanto unos como otros generosamente financiados por las instituciones) los medios que más patrañas, inventivas y contenidos manipulados han lanzado al público en general. Estas empresas, de la BBC a El País, pasando por Financial Times, La Vanguardia, Le Monde, The Washington Post, The New York Times o La Sexta, mantenidas directamente o indirectamente por gobiernos propios o por regímenes dictatoriales extranjeros, son las que durante años han mantenido el monopolio de la desinformación en solitario y son las que hoy más presionan para que los dirigentes europeos actuales legislen a su favor… censurando, acallando y enmudeciendo a los nuevos protagonistas informativos que, básicamente a través de Internet, se suman al ámbito de la comunicación global.

Francia

En Francia, donde intelectuales y periodistas de talla internacional como Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, Gilles Kepel o Ivan Rioufol, repetidamente censurados en las televisiones públicas, denuncian insistentemente y en solitario cómo cada vez es más difícil emitir informaciones y escribir opiniones contrarias al pensamiento único islamoizquierdista dominante, el presidente Emmanuel Macron ha anunciado el inicio de una “guerra” a las “noticias falsas” y a quienes las propagan. Con este fin, va a impulsar una nueva ley para “controlar, limitar y castigar la propagación en Internet, durante campañas electorales, de noticias falsas por parte de entidades extranjeras”.

Según Emmanuel Macron, que ascensió al poder después de que los principales medios de comunicación galos impulsaran una durísima campaña contra su principal contrincante, François Fillon, la norma que está preparando su Gabinete “protegerá la vida democrática de las falsas noticias que, a través de las redes sociales, expanden por todo el mundo y en un instante, en todas las lenguas, bulos inventados para ensuciar a un responsable político, a una personalidad, a una figura pública, a un periodista”.

Mientras tanto, en Francia, como también ocurre en la mayor parte de los países que forman el núcleo duro de la UE, y gracias a leyes dictadas “ad hoc” bajo el pretexto de luchar contra “los discursos del odio”, es imposible y sumamente arriesgado cuestionar públicamente los constantes alegatos antidemocráticos lanzados por el Islam político, no hay forma de criticar serenamente a los “jemeres verdes” apologetas incansables del “cambio climático” y, por supuesto, es siempre motivo de querella judicial cualquier planteamiento que se haga en contra de una ideología de género tan generalizada como ignorante. De todo esto, de las decenas de “no-go zones” que se extienden por el país, de los miles de policías que son atacados todos los años en los barrios de mayoría musulmana y de las decenas de atentados islamistas que se han cometido en suelo galo en la última década, Macron, por el momento, no tiene nada que decir.

Alemania

Desde el pasado 1 de octubre de 2017, una nueva ley ha introducido la censura del Estado en plataformas sociales como Facebook, Twitter y YouTube. El Gobierno germano exige a estas empresas que acallen a sus usuarios en nombre del Estado alemán y, para ello, estas redes sociales se encuentran obligadas a borrar o a bloquear cualquier «delito de ofensa» como el libelo, la calumnia, la difamación o la incitación en un plazo de 24 horas de la recepción de la queja de un usuario, al margen de que el contenido de la denuncia sea cierto o no. Las empresas propietarias de las redes sociales tienen siete días para los casos que sean más complicados. Si no lo hacen, el Gobierno alemán puede imponerles una multa de hasta 50 millones de euros por no cumplir la ley.

De esta forma, el Ejecutivo de Angela Merkel ha conseguido que la libertad de expresión de sus ciudadanos esté sujeta a las decisiones arbitrarias de entidades empresariales que tienden a censurar más de lo necesario para no arriesgarse a una multa demoledora. Como explica la analista Judith Bergman, “cuando se nombra a los empleados de las compañías de las redes sociales como policía privada del pensamiento del Estado y se les da el poder de moldear el actual discurso político y cultural, decidiendo quién puede hablar, y qué puede decir, y a quién se acallará, la libertad de expresión se reduce a nada más que un cuento de hadas”.

Mientras esto ocurre, y como ejemplo perfecto de que tanto en Alemania como en el resto de Europa Occidental la censura solo funciona en una dirección, el Tribunal del distrito de Múnich ha reactivado e imputado una sentencia suspendida al periodista alemán Michael Stürzenberger de seis meses de cárcel por publicar en su página de Facebook una foto histórica del gran muftí de Jerusalén, Haj Amin Al Huseini, estrechando la mano de un gerifalte nazi en el Berlín en 1941. Los fiscales acusaron a Stürzenberger de «incitar al odio hacia el Islam” y de denigrar a esta religión por publicar la fotografía. El tribunal declaró a Stürzenberger culpable de «diseminar la propaganda de organizaciones anticonstitucionales». Aunque la admiración mutua que una vez existió entre Al Huseini y los nazis alemanes es un hecho histórico incuestionable, resulta evidente que los tribunales alemanes están reescribiendo la historia, con el visto bueno de las autoridades políticas.

Reino Unido

En el Reino Unido, mientras el alcalde musulmán de Londres prohíbe colocar en las estaciones de metro anuncios de mujeres occidentales en bikini, la primera ministra, Theresa May, dirige también su indignación contra las compañías de Internet y contra los usuarios de éstas: “La industria tiene que ir más lejos y más rápido para automatizar la detección y eliminación de contenido terrorista online […]. Al final, no son sólo los terroristas a quienes tenemos que derrotar. Es la ideología extremista que los alimenta. Son las ideologías que predican el odio, siembran la división y perjudican nuestra humanidad común. Debemos ser mucho más firmes en la identificación de esas ideologías y su derrota, en todos los ámbitos de nuestra sociedad”.

A más de un lector esta declaración de principios puede resultarle aceptable, pero lo más llamativo de la misma es que en ella Theresa May jamás pronuncia el “apellido” de los terroristas que durante los últimos años, y especialmente a lo largo de 2017, han convertido Londres en general, y el Reino Unido en particular, en un campo de cadáveres. La primera ministra sigue insistiendo en que «estas ideologías» afectan “a todos los ámbitos de nuestra sociedad» cuando, en realidad, prácticamente todo el terrorismo que padece Occidente es islámico.

Paralelamente, su propia secretaria de Interior, Amber Rudd, se ha negado a ilegalizar al brazo político de Hezbolá. El discurso del odio de los islamistas de Hezbolá, al parecer, es perfectamente aceptable para las autoridades británicas. Y también el del clérigo musulmán sudafricano y predicador del odio Ebrahim Bham, que había sido intérprete del director jurídico de los talibanes. Se le permitió entrar en el Reino Unido para hablar en el Queen Elizabeth II Centre, un edificio del Gobierno, en el marco de la «Expo Palestina», un gran evento antijudío celebrado en julio en Londres. Bham es conocido por citar a Goebbels, el ministro nazi de Propaganda, y decir que todos los judíos y cristianos son «agentes de Satán». Entretanto, a un académico de primer orden como Robert Spencer se le ha vetado la entrada en el Reino Unido, supuestamente porque lo que narra —que es verdadero— es “islamófobo».

La muy concreta intencionalidad política e ideológica que encierra el empeño de coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en base a lo que se conoce como “delitos de odio” queda claramente expuesta en los datos que ofrece la Fiscalía del Estado británica (CPS, por sus siglas en inglés), que entre 2015 y 2016 asegura haber denunciado 15.442 casos de este tipo de faltas. Curiosamente, a pesar de que los judíos de Gran Bretaña, que ya han sufrido un drástico aumento el antisemitismo en los últimos tres años, suelen ser los destinatarios habituales de los delitos de odio, sus casos continúan siendo apenas una fracción mínima de las estadísticas. Según Campaign Against Antisemitism, “aún no ha habido un año en que se hayan enjuiciado más de unos 25 delitos de odio antisemita. En lo que llevamos de 2017, nos constan 21 enjuiciamientos, en 2016 hubo 20 y en 2015 hubo sólo 12. Es tan grave la inacción de la Fiscalía que hemos tenido que demandar a título privado a los presuntos antisemitas y enfrentarnos a la Fiscalía mediante las revisiones judiciales, de las cuales la primera la ganamos en marzo. El año pasado sólo se juzgó el 1,9% de los delitos de odio contra los judíos, señalando a las fuerzas policiales que sus esfuerzos para investigar este tipo de delitos podrían ser en vano, y enviando el claro mensaje a los antisemitas de que no tienen por qué temer a la ley”.(Continuará)

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