EL PLAN COLOMBIA DE OBAMA: APOYAR EL NARCOTRÁFICO Y LA DICTADURA. El problema hoy –tal como lo fue en 1997– es un gobierno en el bolsillo de los carteles criminales. ¿De qué otra manera se podría describir una “negociación” que ofrece impunidad total a los mayores narcotraficantes del mundo, les lava su dinero y protege sus propiedades, y le da estatus y poder político a los narco-terroristas? Antes eso se llamaba corrupción; hoy se llama “paz”

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Por Lía Fowler*- Periodismo sin fronteras

Este 4 de febrero, el Presidente Barak Obama recibirá a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en la Casa Blanca para celebrar los 15 años del Plan Colombia.  También discutirán el futuro del apoyo económico, en vista de las negociaciones de paz entre el gobierno Santos y el grupo narco-terrorista FARC en La Habana. Irónicamente, el programa ideado para combatir el narcotráfico y promover la democracia en Colombia, promete solo fortalecer al principal cartel de droga del mundo y apoyar una naciente dictadura.

El tono que tendrá la reunión fue pronosticado en una entrevista de Obama para el periódico colombiano El Tiempo.  Elogiando efusivamente tanto el “proceso de paz” de Santos y FARC, como la lucha contra el narcotráfico y el Estado de Derecho en Colombia, los comentarios de Obama pintaron una escena muy diferente a la realidad que viven los colombianos.

“Colombia será un modelo de cómo lograr la paz con justicia,” dijo Obama.  Agregó que el gobierno colombiano había desarrollado “una nueva estrategia anti-narcóticos” y que, gracias al Plan Colombia, los Estados Unidos habían ayudado a “reestablecer el Estado de Derecho.”

Sí y no.  Hasta el 2010, por medio del Plan Colombia, se combatió eficazmente el narcotráfico. La producción de cocaína bajó de 926 toneladas métricas en el 2001 a 350 toneladas métricas en el 2010, según estadísticas de la ONU.  Y más de 2.000 criminales fueron extraditados a medida que el narcotráfico y el lavado de dinero fue agresivamente investigado y judicializado.

Pero cuatro años de las negociaciones entre Santos y FARC han puesto a Colombia en la misma situación en la cual se encontraba antes del Plan Colombia – cuando los Estados Unidos habían descertificado al país como aliado en la guerra contra la droga, y le habían cancelado la visa al presidente de Colombia por sus lazos con narcotraficantes.

ANDRESPASTRANAYBILLCLINTONAndrés Pastrana y Bill Clinton

En esa época, el Representante al Congreso de EE.UU., Dennis Hastert resumió el problema en una reunión del Comité de Reforma y Supervisión Gubernamental en 1997: “Las organizaciones internacionales narcotraficantes de Colombia son líderes mundiales en la producción de cocaína… No hay duda que los sistemas políticos y judiciales enfrentan una situación de corrupción.  Las penas para los narcotraficantes tienen que fortalecerse, y se deben re-examinar los temas del lavado de dinero y de la extradición.”  Sobre las FARC, dijo: “Que no haya equivocación. Las guerrillas de Colombia hace mucho tiempo abandonaron la ideología.”

Hoy, Colombia es una vez más el principal productor mundial de cocaína, en su mayoría por obra de las FARC. En 2014 la producción aumentó a 442 toneladas métricas; las cifras para 2015 se estiman en 600 toneladas métricas. La fumigación de cultivos de coca se ha suspendido y la erradicación manual es imposible, ya que Santos desmanteló el apoyo aéreo necesario para la seguridad de los soldados. La “nueva estrategia” no está funcionando.

La riqueza de las FARC es de unos $600 millones de dólares, según la revista Forbes. Sin embargo, el gobierno Santos protege los bienes de los narco-terroristas, haciendo eco a las afirmaciones de las FARC quienes dicen no tener dinero. Desde diciembre 2015, Santos le ha negado a Estados Unidos dos solicitudes de extradición de terroristas encausados por narcotráfico y secuestro. Y más grave aún, las FARC se niegan a firmar la paz si el gobierno de Estados Unidos no libera al cabecilla “Simon Trinidad,” quien fue condenado a 60 años de cárcel en este país por su participación en el secuestro de tres ciudadanos americanos en 2003.

Mientras en 1997 el entonces Sub-Secretario de Estado Robert Gelbard condenaba las penas “absurdamente cortas” que recibían los capos del narcotráfico, bajo el acuerdo de paz el narcotráfico sería considerado un “delito político,” y los narcotraficantes no pagarían pena carcelaria alguna. Aquellos que actualmente está cumpliendo penas serían dejados en libertad. De hecho, según el acuerdo, ningún delito se castigaría con cárcel, ni siquiera crímenes de lesa humanidad –un nivel de impunidad que podría activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  Y aunque el acuerdo no se ha firmado, ya se han indultado 30 terroristas, y 17 fueron liberados la semana pasada. El estado de derecho nunca ha estado tan deteriorado.

El problema hoy –tal como lo fue en 1997 – es un gobierno en el bolsillo de los carteles criminales.  ¿De qué otra manera se podría describir una “negociación” que ofrece impunidad total a los mayores narcotraficantes del mundo, les lava su dinero y protege sus propiedades, y le da estatus y poder político a los narco-terroristas? Antes eso se llamaba corrupción; hoy se llama “paz”.

Para implementar esta “paz”, Santos solicitó al Congreso aprobar una ley habilitante, que le concedería el poder de gobernar por decreto. Y pese a sus promesas de someter los acuerdos a un referendo, Santos descartó la idea y está circulando, en cambio, la posibilidad de un plebiscito donde la pregunta tramposa sería, “¿Usted quiere la paz?” Pero no confiando en la victoria ni siquiera con este antiguo truco de dictador, solicitó que el Congreso bajara el umbral del plebiscito del 51 por ciento del censo electoral – como lo estipula la Constitución – al 13 por ciento.

En la entrevista, Obama dijo exageradamente que “El mundo entero es testigo del extraordinario progreso que ha hecho Colombia”. La mayoría de los colombianos discreparían. Santos goza de una favorabilidad de tan solo el 21 por ciento, según la encuesta de JanHaas Poll la semana pasada. Los puntos claves del acuerdo de paz –la impunidad y participación política para terroristas– ha sido rechazada consistentemente por un 80 por ciento de la población en numerosas encuestas.

El General Retirado de Estados Unidos Barry McCaffrey, quien participó en la creación del Plan Colombia en su función de Zar Anti-Narcóticos dijo en una entrevista reciente en PR Newswire que el acuerdo entre Santos y FARC “podría mantener o aumentar la producción de cocaína y heroína, debilitar las restricciones de su transporte, generar enormes ganancias para las FARC, agravar la crisis de heroína en nuestro país, amenazar la seguridad colombiana y aumentar el uso de droga en Estados Unidos”.

El Plan Colombia –tal como fue diseñado– es más necesario hoy que nunca. Pero no se puede usar para apoyar un gobierno de Santos y FARC en el llamado “pos-conflicto”.  Afortunadamente, en Estados Unidos el Congreso es el dueño de la chequera; los congresistas deben asegurar que el Plan Colombia se mantenga fiel a su misión original.

*Lía Fowler es una periodista Americana y ex-agente del FBI.

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