EN COLOMBIA: LA CORTE, INSTRUMENTO DE TODAS LAS FORMAS DE LUCHA. LA VERDAD SOBRE LAS CHUZADAS DEL DAS- CUARTA PARTE. El uso de falsos testigos en Colombia está bien establecido. Una serie de casos de alto perfil han dado lugar a condenas injustas y a procesos contra el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Facsimil de recorte de prensa donde se registra la captura de Alirio Uribe Muñoz, como miembro de la banda terrorista M-19.

Por Lia Fowler*- Periodismo sin fronteras

Los dos casos más notorios de falsos testigos presentados por la CCAJAR implican presuntas “desapariciones forzadas” durante la toma del Palacio de Justicia por el grupo terrorista M-19 en 1985 y la presunta masacre en Mapiripán en 1997.

En el primer caso, la CCAJAR representó a víctimas que afirmaban que el ejército había “desaparecido” a sus familiares. Su testimonio llevó a la condena del coronel Alfonso Plazas Vega y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano. El coronel Plazas pasó ocho años en la cárcel antes de ser absuelto en 2015, tras encontrarse pruebas que refutaban las acusaciones de los testigos.

En el caso de Mapiripán, la CCAJAR presentó testigos en tribunales colombianos e internacionales que afirmaban que sus familiares habían sido asesinados en la masacre. Estos testimonios le valieron a Colombia otra condena por parte de la CIDH en 2005, y ayudaron a condenar al general Jaime Uscátegui a cuarenta años de cárcel en 2009. Sin embargo, en 2017, siete de estos testigos confesaron haber dado falso testimonio.

Pero aunque los falsos testigos en este último caso fueron condenados por sus delitos, la CCAJAR nunca ha sido investigada por presentar falsos testigos a la corte. Es fácil adivinar por qué. Después de todo, el DAS, la principal agencia de inteligencia de Colombia, encargada de llevar a cabo investigaciones criminales nacionales, inteligencia, control imigratorio y protección, fue desmantelado y su personal perseguido y encarcelado, con base en el testimonio sin juramento de un único testigo ya muerto y unas pruebas dudosas, todo por tener la temeridad de efectuar una investigación legal de inteligencia sobre la CCAJAR y sus socios.

Sobre la Inteligencia. Los acusados en el “escándalo de las chuzadas” nunca negaron que hicieran acopio legal de información sobre la CCAJAR y otras ONG para establecer sus vínculos con grupos armados ilegales. La investigación, establecida por la inteligencia compartida proporcionada por el JIC, estaba bien fundamentada. Los vínculos de la CCAJAR con las FARC eran conocidos por toda la comunidad de inteligencia. La participación de la CCAJAR en foros de organizaciones internacionales a las que pertenecían las FARC y otros grupos terroristas también estaba bien establecida. Y la identidad del presidente de la CCAJAR, Alirio Uribe, añadió argumentos para legitimar la investigación de inteligencia del DAS.

Las noticias de prensa de septiembre de 1985 señalan a Alirio Uribe como un detenido por las autoridades tras un atentado terrorista del M-19 en Bogotá, justo un mes antes de las atrocidades del Palacio de Justicia. Según dichas noticias, Alirio Uribe y los otros terroristas usaron escudos humanos para disparar y lanzar granadas a la fuerza pública, lo que causó la muerte de 11 personas. En definitiva la pregunta sería: ¿qué agencia de inteligencia competente que dispusiera de tanta información no monitorearía a una organización que tuviera este perfil y ese historial?

Además, en Colombia, al igual que en Estados Unidos, era lícito y rutinario que las agencias de inteligencia recopilaran, sin necesidad de orden judicial, información sobre un objetivo legítimo mediante búsquedas en fuentes abiertas, asistencia a eventos públicos, revisión de publicaciones y emisiones, y búsquedas de bases de datos nacionales. También era lícito analizar la información obtenida para identificar amenazas nacionales e internacionales a la seguridad de la nación, y para establecer prioridades de inteligencia e investigativas. Eso es exactamente lo que hizo el DAS.

Eso se llama “inteligencia estratégica”, definida por el Pentágono de los Estados Unidos como, “inteligencia que se requiere para la formulación de estrategias, normas, y planes y operaciones militares a nivel nacional y e internacional.” Es una competencia de todas las agencias de inteligencia del mundo.

Pero en el fallo de la Corte Suprema, hay un esfuerzo por deslegitimar la inteligencia estratégica, refiriéndose repetidamente a “la llamada inteligencia estratégica” – como si fuera un concepto inventado por Noguera como excusa para “conspirar.” El fallo también condena el lenguaje que usó el DAS para referirse a los objetos de las operaciones de inteligencia, haciendo referencia a “los mal llamados blancos u objetivos”, pese a que estos son los términos que se usan en el ámbito de la inteligencia.

La corte enfatizó el hecho de que el grupo de personas que participaron en estos objetivos de inteligencia no fue conformado oficialmente, sino informalmente, argumentando que eso le daba al grupo la calidad de “clandestino”. Esto demuestra una de dos cosas: o ignorancia de las operaciones normales de las agencias de inteligencia e investigación o deprecio por la verdad. Cualquier miembro de las comunidades de inteligencia y de orden público concordarían en que es normal crear grupos de trabajo informales dedicados a requerimientos administrativos específicos (como auditorías), incidentes graves (como actos terroristas), o necesidades de inteligencia específicas. A pesar de que la corte falló que la sola existencia del grupo era ilegal, es legítimo y apropiado que personal de diferentes departamentos trabajen conjuntamente en un objetivo común, siempre y cuando no se cometan ilegalidades. Hemos demostrado que no las hubo.

Alirio Uribe Muñoz

Finalmente, la prensa, la corte y la Procuraduría se enfocaron en el nombre del grupo: El “G-3” alimenta la imaginación del público. Pero las declaraciones de los testigos indican que, mientras los analistas e investigadores de base conocían el nombre que algunos usaban para referirse al grupo, el personal directivo no. Esto también apunta a la cultura de las organizaciones investigativas, y no a alguna tenebrosa conjura. No existían en el DAS un G-1 y G-2, luego el nombre G-3 fue probablemente un apodo inventado por los analistas e investigadores en respuesta al G-2 de Cuba – ese sí tenebroso – que de hecho era también un blanco legítimo de las operaciones de inteligencia del DAS. En todo caso, ponerle un apodo a un grupo informal trabajando en un proyecto no es ni ilegal ni indicativo de ninguna intención criminal.

Sin embargo, la corte dictaminó que toda la operación era ilegal, penalizando en esencia la legítima recolección de inteligencia por parte del Estado. Y la corte fue más allá, poniendo a la CCAJAR y a los otros blancos por encima de la ley y fuera del alcance de cualquier investigación, como se resume aquí: “…no hay duda que integraron la inteligencia estratégica e hicieron parte del grupo G-3, creado con vocación de permanencia para la interceptación sin orden judicial de teléfonos, correos, fax y seguimiento de personas que no ejercían ni les era atribuible actividad ilícita alguna…”

Esta conclusión, como se ha demostrado, es enteramente incorrecta. No solo no hubo evidencia que comprobara que el DAS hizo interceptaciones ilegales, pero además sí existía la sospecha razonable de que la CCAJAR y otros grupos monitoreados tenían vínculos con terroristas y grupos armados ilegales.

La corte falló que el DAS se enfocó en las llamadas víctimas por su oposición al gobierno de turno. Pero fue la fabricación del “escándalo de las chuzadas” la que parece haber sido motivada por los opositores políticos – no solo del gobierno Uribe – sino del sistema de gobierno y las instituciones de Colombia.

De hecho, el “escándalo de las chuzadas” llevó al cierre del DAS, y con ello, a la pérdida de fuentes humanas vitales, analistas y agentes entrenados y expertos, y una riqueza de inteligencia. Haya sido por accidente o con intención, la investigación de la Fiscalía y los fallos de las cortes colombianas lograron otro objetivo de las FARC: el completo desmantelamiento de la capacidad del Estado de llevar a cabo actividades de inteligencia, una de las herramientas más útiles en la lucha contra el terrorismo.

La Corte.  No se puede negar la corrupción de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, en una grabación de 2009 entregada a los medios de comunicación en 2015, el magistrado Leonidas Bustos declaró: “Contraigo mi intervención a que los argumentos que esbocemos sean argumentos de conveniencia política… si nosotros tratamos de sustentar este último criterio con argumentos de carácter jurídico, esta discusión sería bien bizantina”.

(Continuará)

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