EN COLOMBIA: LA CORTE, INSTRUMENTO DE TODAS LAS FORMAS DE LUCHA. LA VERDAD SOBRE LAS CHUZADAS DEL DAS- PRIMERA PARTE. El uso de falsos testigos en Colombia está bien establecido. Una serie de casos de alto perfil han dado lugar a condenas injustas y a procesos contra el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En la foto: Jorge Noguera Cotes

Por Lia Fowler*- Periodismo sin fronteras

El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Noguera, ex director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, acusado de concierto para delinquir como jefe de una organización criminal que presuntamente “chuzó” a opositores políticos de la administración del entonces presidente Álvaro Uribe. En su fallo, dicha corte demandó una investigación sobre el papel de Uribe en la conspiración. Pero una revisión de las pruebas, de los argumentos de la corte y del calendario y publicidad de la decisión, sugieren que es más probable que haya sido la corte, y no Noguera, la que utilizó su poder como autoridad judicial para perseguir a sus adversarios políticos y escudarse a sí misma y a sus cómplices de escrutinio.

En el fallo, el magistrado Luis Guillermo Salazar Otero afirmó que Noguera dirigía “una organización criminal conformada por miembros de ese organismo” [del DAS], conocida informalmente como el G-3, “la cual, bajo la apariencia de adelantar labores de inteligencia estratégica, interceptó comunicaciones privadas con los equipos de la entidad y llevó a cabo seguimientos pasivos y patrimoniales, por fuera de la ley”. Además, la corte determinó que los objetivos del grupo eran ilegítimos, criminalizando así todas sus actividades de recolección de inteligencia.

La Fiscalía no presentó una sola prueba creíble para apoyar la existencia de interceptaciones telefónicas o de correos electrónicos ilegales. De hecho, la corte no tuvo en cuenta las pruebas exculpatorias proporcionadas por la DEA a los investigadores de la Procuraduría y la Fiscalía, ni las puso a disposición de la defensa. Además, existieron muchas pruebas de que las actividades de recolección de inteligencia que llevaba a cabo el DAS estaban bien fundamentadas y correspondían a las funciones legales de la agencia.

Más de una docena de directivos, detectives y analistas del DAS han cumplido penas de prisión por estos presuntos delitos. Pero una nueva mirada a las pruebas que los tribunales tuvieron en cuenta o desecharon, así como a las que se ocultaron a los acusados y a las pistas que la acusación ignoró, sugiere que los acusados fueron víctimas de decisiones motivadas por intereses políticos que tenían poco que ver con la justicia. Ahora, al condenar a Noguera, la Corte Suprema de Justicia —actualmente bajo la lupa de las autoridades estadounidenses por vender fallos— abre la puerta para presentar cargos contra su objetivo final: Álvaro Uribe.

Antecedentes. Lo que llegó a ser conocido como el “escándalo de las chuzadas” comenzó con un artículo en Semana de febrero de 2009. Citando fuentes anónimas, el artículo alegaba que el DAS había interceptado ilegalmente comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos de cientos de periodistas, políticos e incluso magistrados de la Corte Suprema de Justicia críticos del gobierno Uribe. Agregó que en los últimos días se habían hecho esfuerzos en el DAS para destruir las pruebas. En abril y mayo, la Procuraduría y la Fiscalía habían abierto investigaciones administrativas y penales sobre las denuncias del artículo.

Facsimil de artículo de Semana sobre las “chuzadas” del DAS

Mientras que la investigación abarcó el mandato de cuatro directores del DAS, a Noguera solo se le investigó por las actuaciones bajo su dirección. Concretamente, por presuntas interceptaciones ilegales entre 2003 y 2005 contra periodistas y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, entre ellas la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo (CCAJAR). Como Noguera respondía directamente ante el presidente, la legislación colombiana exige que se lo juzgue en una única instancia, ante la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados obrando como jurado y sin posibilidad de recurso.

Ocho años después, el lunes 11 de septiembre de 2017, los titulares de la sentencia de la corte contra Noguera y la petición de investigar a Uribe dominaron las noticias. Para entonces, de los nueve magistrados que condenaron a Noguera sólo cinco habían conocido el caso desde el principio. Pero ni un juicio rápido ni los beneficios que esto ofrece a los acusados preocupan a la corte. Y a pesar de que en estos ocho años aparecieron nuevas pruebas exculpatorias, la corte se basó en las que usó el procurador en su decisión contra Noguera en 2010: un solo testigo muerto y un montón de fotocopias.

Ausencia de pruebas físicas y forenses. Para condenar a Noguera, la acusación tendría que haber probado más allá de toda duda razonable que el personal del DAS efectivamente interceptó “comunicaciones privadas con los equipos de la entidad” sin una orden judicial, como se especifica en la sentencia. Además tendrían que probar que Noguera lo sabía. No probaron ni lo uno ni lo otro.

De hecho, mientras que no hubo una sola prueba física o forense que sugiriera la existencia de interceptaciones, las pruebas creíbles hacen pensar que no las hubo.

Entre 2003 y 2005, el único mecanismo de intercepción de comunicaciones telefónicas del DAS operaba a través de un sistema conocido como Esperanza, que dirigió las llamadas interceptadas por los proveedores de servicios telefónicos, a través del “router” principal de la Fiscalía, a las salas de escucha en la sede del DAS: la Sala Plata, dirigida conjuntamente con la Embajada Británica y utilizada exclusivamente para investigaciones de narcóticos; y la Sala Vino, que comenzó a funcionar en 2005, y se desarrolló conjuntamente con la DEA.

Como explicó el Dr. Robert Moody, (foto de  izquierda) propietario y principal analista de Forensic Data Services, una firma estadounidense de análisis forense y seguridad informática, si se hubieran interceptado teléfonos y correos electrónicos o eliminado pruebas de ello, quedarían muchas pruebas forenses para probarlo.

“Siempre hay artefactos [bits de datos] que se pueden interpretar para determinar si algo ocurrió —explicó Moody—. Si los datos se enrutan a través de routers, estos dispositivos recopilan información sobre lo que pasa a través de ellos.” Luego, el router de Esperanza en la Fiscalía habría tenido artefactos relacionados con las interceptaciones.

“Una vez grabadas, estas comunicaciones se almacenarían en discos duros —continuó Moody—. Un examen de los discos duros nos diría si se grabaron o no.”

“Además, el sistema está configurado con bases de datos que permiten extraer información de las líneas telefónicas —agregó Moody—. Un examen de las bases de datos determinaría si [las interceptaciones] ocurrieron y si la información fue borrada, si alguien estaba intentando tapar algo.”

Moody explicó que también habría muchas formas de probar la existencia de una interceptación en el proveedor de servicios. “Habría pruebas de que esas líneas se usaron porque [el proveedor del servicio] habría tenido que introducir en el sistema pruebas que indicarían adónde se dirigía la línea”.

A pesar de toda la información que podría haber estado a disposición de los investigadores, el único examen forense que hicieron se practicó a los servidores y bases de datos del DAS: No se encontró prueba alguna de interceptaciones. Un informe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, de fecha 28 de diciembre de 2009, reveló tras una búsqueda en los servidores y bases de datos del DAS que “no existe información directa relacionada con interceptación, violación ilícita de comunicaciones o seguimientos contra personalidades en los años 2003-2005”.

En cuanto a las supuestas interceptaciones de correos electrónicos, habría sido fácil verificar si se realizaron examinando la información de los proveedores del servicio de

“El proveedor tendría toda esta información y los artefactos que le permitirían saber si una cuenta de correo electrónico se estaba monitoreando desde otro lugar, si se configuró para enviar copias de los correos electrónicos a algún lugar o si se generaron copias ocultas y se enviaron a otra ubicación —explicó Moody—. El servidor y el proveedor de servicios tienen esa información. La cuestión es si alguien quiere o no ir a buscarla.”

Aparentemente, nadie quiso hacerlo, ya que nunca se reportaron investigaciones forenses sobre los routers ni sobre los proveedores de servicios.

No hubo, pues, pruebas que respaldaran el fallo de la corte basado en que las interceptaciones se produjeron, ni tampoco ningún esfuerzo de buena fe realizado por la Fiscalía para reunir las pruebas pertinentes. Y las pruebas refutaron la conclusión de la corte de que las interceptaciones se hicieran con los equipos del DAS:

En cuanto a las supuestas interceptaciones de correos electrónicos, una certificación de Pen Link, la compañía estadounidense que proporciona la infraestructura de interceptación al DAS, con fecha 1 de noviembre de 2010, es clara: “Pen-Link… nunca ha provisto al DAS recursos de interceptación de correo electrónico”.(Continuará)

*- Lia Fowler es una periodista estadounidense y ex agente especial del FBI.

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