EN COLOMBIA: LA CORTE, INSTRUMENTO DE TODAS LAS FORMAS DE LUCHA. LA VERDAD SOBRE LAS CHUZADAS DEL DAS- SEGUNDA PARTE. El uso de falsos testigos en Colombia está bien establecido. Una serie de casos de alto perfil han dado lugar a condenas injustas y a procesos contra el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En la foto: Magistrado Luis Guillermo Salazar

Por Lia Fowler*- Periodismo sin fronteras

En cuanto a la interceptación de las comunicaciones telefónicas, el 2 de marzo de 2009, un cable de la embajada (09BOGOTA688) del entonces embajador William Brownfield al secretario de Estado y otras oficinas de EE. UU. reveló que el sistema Esperanza no se había usado ni se podía haber usado para efectuar interceptaciones ilegales sin órdenes judiciales:

“Los agentes de la DEA confirmaron que los investigadores colombianos fueron a una instalación del DAS en la que habían operado conjuntamente el DAS y la DEA, y que la DEA cooperó plenamente en la investigación. El 23 de febrero, los investigadores de la Procuraduría revisaron pruebas y entrevistaron a funcionarios del DAS. Dichos investigadores carecían de la experiencia técnica necesaria para analizar sus hallazgos. Al día siguiente se les unieron investigadores técnicos del CTI, a quienes los agentes de la DEA y el DAS ayudaron a reunir datos sobre todas las líneas supervisadas en la instalación para que pudieran determinar si había órdenes judiciales legítimas para cada número. Los agentes de la DEA confirmaron que todas las operaciones se llevaban a cabo con órdenes legítimas… El personal de la DEA y el DAS explicó que, contrariamente a lo que se reportaba en artículos de prensa, era físicamente imposible interceptar líneas telefónicas independientemente desde la sala.”

La Fiscalía y la Procuraduría, entonces, tenían pruebas creíbles de que las interceptaciones no se llevaron a cabo. Sin embargo, ni la corte ni el procurador aludieron en sus fallos a esa información, que además se ocultó a los acusados tanto en el proceso penal como en el administrativo. De acuerdo con la ley colombiana, el hecho de no divulgar pruebas exculpatorias constituye violación del debido proceso y bajo la ley de los Estados Unidos podría servir para demostrar un fraude procesal.

Las llamadas que efectué al magistrado Salazar Otero y a la oficina de prensa de la corte para indagar sobre la falta de pruebas físicas de las interceptaciones y la información proporcionada por la DEA quedaron sin respuesta. Pero el 15, 17 y 22 de septiembre de este año me puse en contacto por correo electrónico con Alejandro Ordóñez, quien como procurador llevó a cabo en 2010 la investigación administrativa sobre Noguera y otros ocho acusados por las mismas actuaciones.

Acerca de si alguna vez escuchó grabaciones de las supuestas interceptaciones o evaluó alguna prueba forense que demostrara la existencia de interceptaciones o de cualquier intento de ocultarlas, Ordóñez se negó a responder. Después le pregunté si estaba enterado de cualquier informe producido por los investigadores de la Procuraduría acerca de los hallazgos y del testimonio de la DEA, tal como aparece documentado en el cable del embajador Brownfield, pero también declinó contestar.

Como respuesta a ambas preguntas, el ex procurador hizo la siguiente declaración: “El proceso disciplinario no se ocupó de interceptaciones telefónicas. (sic) Sino de abusos de poder por extralimitacion de las funciones de inteligencia. (sic) Desviando el sentido de interés nacional”.

Esto no es verdad. En realidad, el propio fallo de Ordóñez contradice su declaración. En el documento que firmó el 1 de octubre de 2010 resumía los cargos contra Noguera, específicamente por “realizar labores de interceptación de comunicaciones telefónicas y correos electrónicos sin orden judicial”, y luego procedió a declararlo culpable de esa actuación específica.

“La conducta que se le endilga en los cargos formulados a Jorge Noguera Cotes, se estructura como de ejecución continuada desde el 24 de febrero de 2004, hasta el 28 de octubre de 2005… se ha logrado establecer, según la actividad probatoria desplegada, que durante el tiempo que existió dicho grupo, fueron continuas y permanentes las actividades de interceptación de comunicaciones y correos electrónicos (cargo primero) y seguimientos a algunos ciudadanos (cargo segundo).”

Ordóñez continúa citando los artículos específicos del Código Penal que consideró que Noguera infringió, incluidos los artículos del Código de Procedimiento Penal relativos a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y el derecho a la intimidad.

Lo que está claro hoy es que ni el procurador en 2010 ni la corte en 2017 tenían bases para establecer que Noguera tomó parte en interceptaciones ilegales, ni que las dirigió o permitió. Además, las pruebas forenses que se recuperaron indican lo contrario: que las intercepciones nunca existieron. Por último, parece que a los acusados se les ocultaron las pruebas que provenían de una fuente creíble (la DEA), pruebas que habrían permitido refutar la acusación de llevar a cabo “chuzadas” telefónicas.

Entonces ¿en qué se basaron la corte y el procurador para llegar a lo que parece, a la luz de lo anterior, una conclusión predeterminada? La respuesta, una vez más, apunta a la persecución política.

Documentos. La corte y el procurador atribuyeron un peso probatorio significativo a los “documentos” proporcionados por la Fiscalía. Pero las irregularidades en la  ecopilación de estas pruebas y en los propios documentos deberían haberlos hecho inadmisibles ante un tribunal de justicia. De hecho, las circunstancias inusuales que rodean a dichos documentos hacen pensar más en la fabricación de pruebas que en la demostración de los supuestos crímenes.

Ariba: Jorge Noguera y Álvaro Uribe Vélez

Según una nota de la policía judicial fechada el 3 de abril de 2009, los documentos se encontraban en el archivo de la Oficina de Análisis del DAS, algunos en carpetas y el resto en 32 bolsas de plástico. Esto plantea serias dudas. Es razonable suponer que entre 2003 y 2005 los empleados del DAS no trabajaban con bolsas de plástico. Los investigadores establecieron que la persona que tenía el control exclusivo de los documentos durante ese período fue el empleado del DAS Fernando Ovalle. Pero aunque habría sido importante establecer quién tuvo acceso a las pruebas en los años intermedios, y cómo terminaron los documentos embutidos en bolsas, el asunto nunca se planteó.

Además, hacer acopio de pruebas requiere ciertas medidas que permitan mantener la integridad del proceso: los agentes deben haber fotografiado la ubicación y el estado en que se encontraron los documentos, se deben guardar los registros de todas las pruebas y su ubicación exacta, y se debería haber mantenido un registro claro de la cadena de custodia para garantizar que no se agregó ni se sacó nada de los archivos tras ser recuperados. Nada de esto se hizo.

Aún más inquietante es que según los registros de la corte y el testimonio de varios acusados condenados por las presuntas “chuzadas” telefónicas, todos los documentos encontrados fueron fotocopias, no se recuperó ningún documento original. Esto por sí solo debió haber hecho que las pruebas fueran inadmisibles. La legislación colombiana requiere que los exámenes forenses se lleven a cabo sólo en los documentos originales, y es imposible probar la autenticidad de un documento sin un examen forense.

Debido a que todos los documentos eran fotocopias, era imposible determinar si alguno de ellos fue fabricado, manipulado o “sembrado”. Los documentos originales se pueden analizar para determinar si corresponden a la fecha en que se presentan, lo cual se lleva a cabo analizando el tipo y estado del papel, la tinta utilizada y las marcas de agua relevantes. Esto habría sido vital para determinar si los documentos fechados entre 2003 y 2005 eran auténticos o fabricados posteriormente. La comparación de hojas individuales en documentos de varias páginas habría ayudado a identificar si alguna parte de un documento había sido sustituida. Por último, las autenticaciones de firmas sólo pueden llevarse a cabo en originales.

El desaparecido DAS

Si se tratara de un tribunal legítimo, habría sido la Fiscalía la que tendría que probar la autenticidad de los documentos. No en Colombia. La Fiscalía, la corte y el procurador se apoyaron en estas cuestionables pruebas para establecer tanto la existencia de interceptaciones, de las que, como se explicó anteriormente, no había pruebas físicas, como la participación de Noguera en ellas.

Las fotocopias que presentó la Fiscalía incluyeron lo que parecían ser pruebas condenatorias, entre las que se contaban solicitudes escritas de interceptaciones telefónicas por el antes mencionado Ovalle y los resúmenes de llamadas supuestamente interceptadas. Todo esto podría haber sido escrito en cualquier momento. No obstante, brilla por su ausencia la gran cantidad de informes que una interceptación telefónica real habría generado, incluidos los registros de llamadas entrantes y salientes generados por el sistema, con la hora exacta, la fecha, la duración y la información de la torre celular para cada llamada interceptada, información que no habría sido posible fabricar. Si realmente hubiera habido una interceptación, tendrían que haber encontrado estos registros. (Continuará)

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