EN COLOMBIA: LA CORTE, INSTRUMENTO DE TODAS LAS FORMAS DE LUCHA. LA VERDAD SOBRE LAS CHUZADAS DEL DAS- TERCERA PARTE. El uso de falsos testigos en Colombia está bien establecido. Una serie de casos de alto perfil han dado lugar a condenas injustas y a procesos contra el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En la foto: el Colectivo Alvear Restrepo. En la extr. derecha está Eduardo Carreño. Atrás, de corbata roja, Alirio Uribe Muñoz, antiguo terrorista del M19 y hoy representante a la Cámara por el Polo Democrático

Por Lia Fowler*- Periodismo sin fronteras

Los resúmenes y las transcripciones de las presuntas intercepciones también carecían de un elemento clave que se hubiera incluido en documentos auténticos: el nombre de la persona que resumía la llamada y de quien la revisaba o editaba. De tal modo, los documentos presentados por la Fiscalía no parecen el fruto del trabajo de un profesional sino más bien de alguien que no está familiarizado con los protocolos habituales.

Finalmente, las fotocopias incluyeron algunas actas de reuniones en las que presuntamente tomaron parte muchas de las personas acusadas. Una, en particular, denominada “Acta de la Reunión N.º 1”, fue considerada tanto por la corte como por el procurador como la pieza clave para demostrar que Noguera estaba al tanto de actividades ilegales, ya que era el único documento recuperado que lo mencionó específicamente.

Según dicho documento, Noguera se reunió con sus altos funcionarios y miembros del llamado grupo G-3 en marzo de 2005. Durante la reunión, José Miguel Narváez Martínez, asesor del DAS también condenado por el “escándalo de las chuzadas”, supuestamente declaró que “Por la sensibilidad de la información, no es pertinente dejar nada por escrito”.

De hecho, la teoría de la acusación presupone que los miembros más expertos de la comunidad de inteligencia de Colombia documentaron sus actividades ilegales en actas oficiales, incluyendo instrucciones para no dejar nada por escrito. Tal suposición resulta irrisoria. Pero hay más:

Incluso sin un examen forense, una mirada a esta fotocopia prende las alarmas. Son seis páginas de las cuales cuatro y media contienen texto, seguido de tres nombres y espacios para firmas en la parte inferior de la quinta página, todas en blanco, y una sexta, que contiene seis nombres mas con espacio para firmar, donde aparece una sola firma. Las páginas no están numeradas y la última página, donde aparece la única firma, no parece corresponder al resto, ya que tiene un tipo y un tamaño de letra diferentes.

Carlos Alberto Arzayuz Guerrero (foto de la izquierda), cuya firma es la que aparece en la sexta página de la fotocopia del documento, cuestionó su legitimidad, bajo juramento, en testimonio ante la Corte Suprema de Justicia en un proceso relacionado con las llamadas “chuzadas”.

Preguntado por el entonces magistrado Alfredo Gómez Quintero si la reunión tuvo lugar alguna vez, Arzayuz respondió simplemente: “No, doctor”. Ante la insistencia, afirmó: “Lo estoy descartando”, y agregó: “Tiene que ser una persona… muy caída del zarzo para ponerse a consignar en un acta la ejecución de una serie de delitos de alta gravedad como tal, en un documento del DAS”.

Arzayuz señaló una serie de irregularidades adicionales en el documento. El nombre del cargo de Noguera era incorrecto; a pesar de la supuesta participación del entonces director del DAS en la reunión, no había una línea para su firma; la identificación de los miembros de la reunión no siguió el protocolo usual; y la firma de Arzayuz aparece muy claramente superpuesta en el papel.

“No soy experto en este tema, pero a simple vista, inclusive el cómo está plasmada mi firma me genera algún nivel de duda con respecto a la manera como se pudo sobreponer la firma en el documento en un momento dado.”

En realidad eso es evidente a simple vista. Así, Arzayuz cuestionó este y otros documentos, refiriéndose a “la autenticidad de los mismos; a la originalidad de los mismos, a la procedencia de los mismos; a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se redactaron o se hicieron esos documentos”.

Noguera también solicitó un examen forense del “Acta de la Reunión No. 1” en la investigación administrativa de 2010 contra él. Según el procurador, un experto forense intentó realizar el examen del documento, pero el original nunca se encontró, por lo cual el examen no se practicó.

En un proceso legítimo, esto habría favorecido al acusado, ya que los organismos de control (Procuraduría y Fiscalía) no habrían podido establecer la autenticidad del documento. Una vez más, no en Colombia, donde los principios de presunción de inocencia y carga de la prueba se violan claramente.

Por lo tanto, la corte y el procurador hicieron caso omiso de la falta de pruebas físicas de las interceptaciones y dieron credibilidad a las fotocopias sin firmar que no podían ser autenticadas. Además, ignoraron las irregularidades de las fotocopias dando credibilidad a un solo testigo: el mencionado Fernando Ovalle.(Foto de la izquierda).

Declaración del testigo.  La investigación sobre las presuntas “chuzadas” del DAS entre 2003 Y 2005 incluyó docenas de entrevistas a testigos. Todos salvo uno negaron haber interceptado ilegalmente comunicaciónes telefónicas o de correos electrónicos. Todos menos uno negaron recibir una orden de Noguera o cualquier otro funcionario del DAS de hacer algo ilegal. Todos menos uno negaron haber informado a Noguera sobre cualquier actividad ilegal. Hace su aparición el testigo estrella, Fernando Ovalle.

Ovalle fue entrevistado por la Fiscalía en varias ocasiones entre junio y diciembre de 2009 y ofreció versiones contradictorias de los hechos. No sólo era la única persona que hablaba de “chuzadas”, de las cuales no hay pruebas físicas ni digitales, era también la única persona que tenía acceso a las discutibles fotocopias.

Pero a pesar de que Ovalle afirmaba que Noguera, directivos de nivel alto y medio y numerosos analistas e investigadores estaban involucrados en “chuzadas” ilegales, no proporcionó información específica sobre quiénes efectuaron las presuntas interceptaciones ni sobre cómo lo hicieron. Además, ofreció varios relatos contradictorios acerca de quién le proporcionó resúmenes y copias de las comunicaciones interceptadas.

Ovalle murió en enero de 2010 de cáncer del páncreas. Nunca testificó bajo juramento y los acusados nunca tuvieron la oportunidad de contrainterrogarlo. En Colombia, como en los Estados Unidos, los acusados tienen derecho a confrontar a sus acusadores. Las declaraciones de Ovalle, sin el apoyo de ninguna prueba física o forense y contradichas por todos los otros testigo, deberían haber sido descartadas.

En lugar de eso, violando toda noción del debido proceso, la corte y el procurador utilizaron las declaraciones de Ovalle para “autenticar” las dudosas fotocopias y remediar la falta de pruebas. El hecho de que la Fiscalía no probara la existencia de interceptaciones, las declaraciones exculpatorias de la DEA, los documentos cuestionables, los fallos en la cadena de custodia y la abundancia de declaraciones exculpatorias de los testigos proporcionaron la duda razonable que debería haber llevado a la absolución de Noguera y de todos los acusados. Pero, como suele ocurrir en los procesos judiciales motivados por razones políticas que tienen lugar en Colombia, todo se reduce a la palabra de una sola persona.

El uso de falsos testigos en Colombia está bien establecido. Una serie de casos de alto perfil han dado lugar a condenas injustas y a procesos contra el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dos de los casos más flagrantes, la ONG que representó, preparó y presentó estos falsos testigos ante tribunales colombianos e internacionales fue precisamente la principal “víctima” del caso Noguera: la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).

Las “víctimas”. La CCAJAR sabe mucho de falsos testigos. Fundada en 1980, afirma ser una ONG dedicada a promover los derechos humanos y la justicia social. Pero sus vínculos con el grupo narcoterrorista FARC los conocía, al menos desde 2002, la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), un comité del cual formaban parte el jefe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, los directores de inteligencia del Ejército, La Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, y el DAS, y cuya tarea era realizar análisis de inteligencia estratégica a nivel nacional.

De hecho, la CCAJAR tiene una larga trayectoria como promotor de los objetivos y la propaganda de las FARC tanto en el país como en el extranjero. Entre los objetivos de las FARC está el debilitamiento de la institución que con más éxito las ha combatido, las fuerzas militares. Con el pretexto de representar a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, la CCAJAR ha ayudado a las FARC a avanzar en ese objetivo al dar golpes significativos a la imagen nacional e internacional de los militares y el Estado colombiano mediante persecuciones judiciales contra miembros destacados del ejército, muchas veces con declaraciones de falsos testigos.(Continuará)

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