LA OFENSIVA ES A NIVEL MUNDIAL. EN ESPAÑA QUIEREN ILEGALIZAR LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO. LA RESPUESTA DE LA FNFF. En los últimos días, una variedad de entidades representativas de la izquierda española ha solicitado que la Fundación Nacional Francisco Franco sea ilegalizada.

Fuente: Diario Ya

No podemos analizar en un breve comunicado cada una de las manifestaciones que han tenido lugar, no sólo por la falta de espacio, sino para no aburrir a nuestros lectores. En su lugar, hemos seleccionado una petición específica, la del profesor universitario D. Manuel Maroto (foto de la izquierda), publicada en “eldiario.es” del 9 de agosto, titulada: “La extinción de la Fundación Francisco Franco: una cuestión de interés general”, que tiene el mérito de reunir en un único documento casi todos los tópicos repetidos en estos días. A continuación expondremos uno por uno los argumentos utilizados, los analizaremos objetivamente, y demostraremos su intrínseca debilidad.

  1. Manuel argumenta en primer lugar que la FNFF ha afirmado que “Franco no fusiló a nadie”, y considera que esta afirmación es “impúdica”. Es obvio que Francisco Franco, en tanto que Jefe del Estado, ni fusiló a nadie, ni dictó condena a muerte alguna: las condenas no las decide el Jefe del Estado, sino la Justicia. Es una evidencia que el Frente Popular procedió a docenas de miles de ejecuciones ¿Considera D. Manuel Maroto que D. Manuel Azaña fusiló a cada uno de los ejecutados por el Frente Popular, empezando por los de Paracuellos? En segundo lugar, D. Manuel Maroto afirma que la FNFF “intenta intimidar a cargos políticos y artistas presentando querellas infundadas”.

Señalamos nuestra perplejidad ante el hecho de que un profesor universitario de derecho identifique la presentación de una querella con un intento de intimidación, y mucho más a que argumente que presentar una querella sea motivo para ilegalizarnos. ¿Exige D. Manuel la ilegalización de todas aquellas entidades que presentan querellas, o es un argumento que sólo aplica a la FNFF? El tercer argumento de D. Manuel es que la FNFF “profiere amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia: “Si hay que volver a pasar, pasaremos””. D. Manuel, claro, no explica que esta frase ha sido nuestra contestación en Twitter a la expresión “No pasarán”, lanzada contra nuestra Fundación por el portavoz de En Marea en el Congreso. Para D. Manuel, que un izquierdista nos amenace con el “No pasarán” es perfectamente legal, pero que el amenazado se defienda de forma equivalente es, en su opinión, razón para ilegalizarnos. Cuarto argumento: “La FNFF ofrece asesoría para incumplir la ley, en particular la de la Memoria Histórica”.

Caben varias interpretaciones, aunque la más probable es que D. Manuel considere ilegal prestar servicios de asesoría jurídica cuando la misma tenga una interpretación de la LMH diferente de la suya. Que un profesor universitario de derecho manifieste por escrito que ofrecer asesoría jurídica contraria a sus tesis es ilegal, no puede ser tomado a la ligera. Nos imaginamos a los atribulados alumnos de D. Manuel en su próximo examen: ¿Me atrevo a explicarle que prestar asesoría jurídica es perfectamente legal, arriesgándome a un duro suspenso? ¿O finjo allanarme a su antijurídica teoría, esperando ser recompensado con un sobresaliente?

Manuel dedica casi la mitad de su texto a su quinto argumento, que resumimos en su frase: “La FNFF no persigue ninguno de los fines mencionados como de interés general en la Ley de Fundaciones”. La FNFF persigue varios de los fines relacionados en la citada Ley, como no podía ser de otra manera, pero únicamente citaremos uno: “la defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos”. Es de público conocimiento que el Frente Popular asesinó a decenas de miles de compatriotas, con un total de víctimas que ronda los 100.000. Esta cifra incluye 10.000 miembros de la Iglesia Católica, sumando sacerdotes y seglares, en la que ha sido la más sangrienta persecución sufrida por la Iglesia desde su fundación en todo el mundo, que ha generado miles de beatificaciones, y que es, de toda evidencia, un intento de genocidio.

La FNFF tiene como una de sus señas de identidad la defensa de las víctimas que causó el Frente Popular. El que D. Manuel finja desconocerlo sólo tiene una explicación: para él, dichas víctimas no lo son, no tienen derecho a serlo. Los caídos de un bando son víctimas, pero los del otro no. El sectarismo de la izquierda española es legendario, pero D. Manuel Maroto ha traspasado los límites tradicionalmente exigidos por el decoro profesional, la recta conciencia y el respeto a las víctimas. Sexto argumento: “La FNFF difunde el desprecio por las víctimas de la violencia”.

Suponemos que D. Manuel denomina “víctimas” únicamente a los caídos del Frente Popular, y probablemente de entre ellos tan sólo a los que no cayeron en combate. La mayor parte de los caídos del Frente Popular eran españoles que dieron su vida luchando gallardamente por las ideas en las que creían. Otros fueron, como en el bando nacional, víctimas inocentes. Pero no merecen el título de víctimas los asesinos, torturadores y violadores ajusticiados por sus crímenes, como aparentemente D. Manuel piensa. Francisco Franco ofreció a los caídos del Frente Popular la mayor dignidad que estaba en su mano: la posibilidad de dormir el sueño eterno junto a los caídos de la España Nacional: hermanar vencedores y vencidos bajo la Cruz del Valle de los Caídos.

Francisco Franco trató a los caídos del Frente Popular con el inmenso respeto que significa ofrecerles sepultura junto a sus propios hombres, y la FNFF, como no podría ser de otra manera, siempre ha mantenido esta actitud de reconciliación y respeto. Demostrar la vacuidad de la argumentación de la izquierda sobre la ilegalización de la FNFF es fácil, como acabamos de ver. De la misma forma, es una obviedad que la FNFF cumple varias funciones capitales en la España de hoy, aunque sólo citaremos una: la defensa de la media España víctima del Frente Popular, que hoy yace olvidada por todos. Pero en política, casi siempre, los intereses prevalecen sobre la verdad.

Por ello recordamos a la derecha cobarde que lo que está en juego no somos nosotros. Detrás de este deseo de eliminar a la FNFF del debate público están los mismos que persiguen, apedrean o detienen un autobús perfectamente legal, que abren expedientes por ‘homofobia’ a columnistas, profesores y colegios, y que presentan demandas contra periodistas que relatan asesinatos cometidos en la guerra por familiares de políticos conocidos. Y detrás de todas estas agresiones está la voluntad de destrucción de la derecha española, que no se detendrá cuando alcance estos primeros objetivos. Si cayese la FNFF, nos seguirían partidos políticos, emisoras de radio y periódicos, hasta que no quedasen más partidos y medios de comunicación que los ahora vociferantes.

La defensa de la FNFF es, a día de hoy, una obligación cívica, por encima de discrepancias ideológicas o de simpatías políticas. Es la piedra de toque del respeto a la ley y a la investigación histórica de la sociedad española. Es clave para permitir el reconocimiento y homenaje público a las víctimas causadas por el Frente Popular, y conseguir la declaración de genocidio para la matanza de católicos que llevó a cabo. Pero es además un paso obligado para evitar la ilegalización progresiva de todo aquél que no se pliegue a las exigencias totalitarias de la izquierda.

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