LA OTRA MEMORIA HISTÓRICA: HOLOCAUSTO CATÓLICO EN ANDALUCÍA-PRIMERA PARTE. Andalucía, mi Andalucía, paradigma de la España cañí; reserva espiritual de nuestra Patria, que marcha bajo palio tras la Macarena y el Gran Poder; que ejecuta verónicas de alhelí con toros enamorados de nuestras lunas; que se desparrama en zambras y tablaos, con sus quejíos flamencos y sus coplas imperiales…

Por, Laureano Benítez Grande-Caballero

Mi Andalucía, reserva ahora de la progresía y el rojerío, Comunidad Autónoma pionera en la aplicación de la ideología globalista, que igual da pomadas anales y vaginales a los alumnos en los institutos, que organiza cursos de masturbación, que amenaza a los municipios que no sigan al pie de la letra la Ley de Memoria Histórica.

En marzo de 2017, la junta de Andalucía promulgó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en cuya justificación se afirma que «La recuperación de la memoria democrática en relación con la Guerra Civil y la dictadura franquista plantea la dignificación, reparación y rehabilitación de las víctimas que sufrieron represión durante estos periodos. La Junta de Andalucía ha tomado medidas concretas que incluyen indemnizaciones, concesión de distinciones honoríficas o subvenciones para realizar construcciones conmemorativas, entre otras».

Además, este ordenamiento jurídico se concretará también en un currículum de enseñanza de obligatoria implantación en todos los niveles educativos de la comunidad andaluza, otorgando incluso recompensas a las editoriales que recojan en sus textos la memoria histórica según la izquierda.

Citando el Principio 2 de la ONU, en la Ley se afirma que «El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas».

Incluso se dan el lujo de citar el Principio 18, que establece que «La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones».

Pobres paisanos míos, carne de cañón de coños insumisos, catedrales que quieren expropiar, nauseabundos ERES, alcaldesas y alcaldes que retiran todos los objetos religiosos de la vida pública y las instituciones… de un socialismo que, después de casi 40 años gobernando Andalucía, sigue haciendo de esta comunidad la más mantenida por el resto de las autonomías, con el agravante de que, con tantos años de subvenciones y ayudas, los socialistas siguen manteniéndola en el primer puesto de las regiones europeas con más paro. No es de extrañar, pues de todos es sabido el nepotismo cósmico que corrompe la Junta, paraíso de enchufados y tiralevitas.

Es perfectamente loable que se quiera localizar a las víctimas que fueron enterradas en cunetas o en fosas comunes para darles un entierro digno. Pero, si el objetivo de esta ley es recuperar la memoria de las víctimas de la guerra civil con el fin de que la barbarie criminal de esa época no quede en la impunidad, convendría recordar en este sentido muchos acontecimientos de los que el progrerío rojo de la Susanita y sus acólitos no quieren acordarse, y cuya memoria está exigiendo justicia, reparación, reconocimiento y rehabilitación. Esta conveniencia destaca sobremanera ante la próxima aprobación de la reforma de la Ley de Memoria Histórica que saldrá adelante en el Congreso, mucho más maquiavélica que la anterior.

En toda Andalucía, como sucedía en el resto de España, fueron martirizados miles de creyentes solamente por ser católicos, por llevar una cruz, una medalla de la Virgen al cuello, un simple escapulario, una estampa o, simplemente, por ser suscriptor de los diarios católicos el Correo de Andalucía o El Debate.

José Vigil Cabrerizo

Cuando Juan Pablo II beatificó a más de 500 mártires de la guerra civil, se alzaron voces incluso dentro de la Iglesia criticando la medida, con la excusa de que no había que reabrir antiguas heridas. Por poner un ejemplo, de las 36 víctimas vinculadas a Sevilla, 30 están actualmente en el más penoso olvido. ¿Las recuperará la memoria histórica? ¿Tendrán su merecido desagravio?

Por ejemplo, casi en el más completo anonimato está la memoria del mártir José Vigil Cabrerizo, al que le corresponde el honor de haber sido el primer sacerdote asesinado de la Guerra Civil, en la tarde del 18 julio 1936. Cruelmente torturado, murió perdonando a sus asesinos en olor de santidad. Capellán de la Iglesia de San jerónimo, la placa que recordaba su martirio fue quitada de la nave central y colocada en un pasillo, siendo posteriormente ocultada por un cuadro con propaganda de las playas del Caribe.

Vigil Cabrerizo ―al igual que la mayoría de los sacerdotes, frailes y seminaristas inmolados en la diócesis sevillana durante la Guerra Civil―, no figura en la relación oficial de procesos canónicos pendientes en la Congregación de los Santos del Vaticano, enviados hasta 1989 por la diócesis españolas.

(Continuará)

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