OTRAS VOCES: NI NUEVA NI INJUSTA NI TRAIDORA. SEGUNDA PARTE Y FINAL. La reciente resolución de las Naciones Unidas que, entre otras cuestiones, se refiere a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, ha provocado una reacción extraordinaria en ambientes políticos y mediáticos. Por César Vidal

Bulldozers de Israel demuelen hogares palestinos

Por César Vidal

El estallido de la intifada – en el curso de la cual las fuerzas de ocupación israelíes perpetraron atrocidades como la estrategia de los brazos rotos consistente en quebrar los miembros de los detenidos – y la primera guerra del Golfo desembocaron en un proceso de paz iniciado en 1993.  Al mismo contribuyeron tanto el reconocimiento, ya la década anterior, del derecho de Israel a existir como estado por parte de los palestinos, como el deseo de Bush de impulsar activamente un Nuevo orden mundial.

No todo fue positivo en ese proceso de paz ya iniciado.  Por ejemplo, durante el mismo, Israel siguió construyendo asentamientos contrarios a la cuarta convención de Ginebra de tal manera que el número de colonos judíos pasó de 200.000 a 400.000.  Por añadidura, desde 1967 y también en contra de la Convención de Ginebra, 18.000 hogares palestinos fueron demolidos.  De ellos, 740 lo fueron durante el proceso de paz en la fase de Oslo.

La ilegalidad de estas acciones ha quedado establecida por distintos organismos que van de la ONU a la Cruz roja.  Incluso el Informe Sasson realizado en virtud de las presiones de Estados Unidos sobre Israel estableció taxativamente que el ministerio de vivienda y construcción, la Organización sionista mundial, el ministerio de educación y el ministerio de defensa cooperaron para “establecer sistemáticamente puntos de asentamientos ilegales” (systematically establish illegal settlement points), pagando millones de dólares para crear la infraestructura para veintenas de asentamientos.

En el año 2003, como parte de la hoja de ruta, Israel se comprometió a desmantelar dos docenas de asentamientos.  Tal desmantelamiento no sólo no se ha producido sino que el número de asentamientos se ha incrementado.  A decir verdad, Netanyahu ha convertido en uno de los objetivos de su política la de mantener los asentamientos e incluso incrementar su número.  De hecho, como nuevo paso álgido en este espinoso trayecto, a finales de diciembre de 2016, Israel aprobó una normativa que permitirá, en contra de la convención de Ginebra, expulsar a más palestinos de sus hogares y multiplicar los asentamientos israelíes.
No se trata de una interpretación retorcida de la ley por parte de los enemigos de Israel.  De hecho, Naftalí Bennet (foto de arriba), ministro de educación y dirigente máximo de Ha-Bayit ha-yehudí afirmó esa misma semana al aprobarse la ley:  “Este es un día histórico.  Hoy, el parlamento israelí se ha movido de dirigirse hacia el establecimiento de un estado palestino a moverse hacia la soberanía en Judea y Samaria y a despejar cualquier duda al respecto – la regulación contenida en la ley es la punta del iceberg en la aplicación de la soberanía”.  En otras palabras, la ley no tiene una finalidad urbanística sino política, la de imponer la soberanía israelí en los territorios ocupados.  Puede comprenderse que la comunidad internacional reaccionara e impulsara una resolución condenando esa conducta porque implica no sólo la continuación de la violación de la IV Convención de Ginebra sino la instrumentalización de ese comportamiento de tal manera que la solución del conflicto sobre la base de dos estados se aleje cada día más.  No puede ser de otra manera en la medida en que no existe apenas territorio sobre el que establecer un estado palestino e incluso el poco que existe está surcado por asentamientos israelíes conectados por vías de comunicación que sólo pueden utilizar los israelíes y protegidos por distintos enclaves militares israelíes.

¿Existe solución para este contencioso que se alarga desde hace décadas en contra de la legalidad internacional?  Confieso que, a largo plazo, sólo soy capaz de ver dos caminos de conclusión.  El primero es el de seguir la política seguida por Israel desde 1967 y, de manera muy especial, por Netanyahu.  Israel continuaría violando lo dispuesto por la IV Convención de Ginebra construyendo nuevos asentamientos en los territorios ocupados.  En un momento dado, el estado palestino sería inviable e incluso los palestinos acabarían marchándose de todas las poblaciones al ser privados de sus tierras y de su modo de vida.  Como señalaba Naftalí Bennet, Judea y Samaria serían parte del territorio soberano de Israel a costa de un estado palestino.

Semejante solución – la política de hechos consumados – es posible, pero sus consecuencias no serían fáciles ni cómodas.  La irresolución del conflicto existente desde 1948 entre Israel y Palestina constituye una de las causas fundamentales de la inestabilidad que aqueja desde hace décadas a Oriente Medio.  Por un lado, es utilizado por todo tipo de entidades indeseables, incluso las terroristas, para intentar legitimar conductas ilegítimas; por otro, erosiona gravemente la confianza en el derecho internacional en la medida en que Israel lleva incumpliendo resoluciones internacionales desde hace décadas de manera impune gracias al bloqueo que Estados Unidos practica para el cumplimiento de las mismas.

En otras palabras, centenares de millones de personas contemplan a Israel como una potencia fuertemente militarizada que quebranta de manera sistemática el derecho internacional sin experimentar ninguna consecuencia.  Resulta absolutamente imposible que no se contemple esa situación como un agravio comparativo.  No son pocas las naciones que sufren sanciones económicas, en ocasiones muy duras, sin pretender anexionarse ningún territorio.  ¿Cuál es la razón para que Israel sea excepcional?  ¿Qué es un aliado?  ¿Qué es una democracia?  Desde el punto de vista de la Realpolitik ambos argumentos tienen peso, pero son inaceptables desde la perspectiva del derecho internacional.   Añádase a esto la percepción de que Estados Unidos no es fiable ni moral, ni jurídica ni políticamente.  De acuerdo con esta visión, sus referencias a la libertad y a la justicia no pasan de ser mera palabrería que encubre intereses nada santos.  La primera potencia mundial puede pretender ser un referente, pero de serlo, lo sería, según esta perspectiva, de mera hipocresía.

El camino de la anexión es, por lo tanto, posible y quizá lo sea ahora más que hace unos años dado que Trump está emparentado con personas directamente partidarias de los asentamientos.  Sin embargo, resulta inmenso el coste que puede acabar teniendo para Israel – que se verá cada vez más aislado – y para Estados Unidos que no practica esa misma política hacia otros aliados.  Todo ello sin contar lo que podría suceder con un Israel que no lograra expulsar de su interior a una creciente población árabe y, sobre todo, indignada por no contar con unos mínimos derechos.  Tampoco la factura sería escasa para el resto de un Occidente contemplado como cómplice.
El segundo camino sería el del cumplimiento de la legalidad internacional, es decir, el abandono total y absoluto de los territorios ocupados en 1967.  Es decir, se trataría no de ofrecer, como en Camp David, la proclamación formal de un estado palestino, pero, en cuyo interior, seguirían existiendo colonias israelíes, defendidas por soldados israelíes y comunicadas por carreteras israelíes que no pueden utilizar, como hoy en día, los palestinos.  De nuevo, el lector tiene que preguntarse si aceptaría la independencia de su nación manteniendo en el interior de su territorio enclaves de población exclusivamente extranjera, protegida por unidades militares extranjeras y con carreteras de uso exclusivamente extranjero.  Por el contrario, implicaría desmantelar todos y cada uno de los asentamientos y abandonar totalmente los territorios ocupados.  He tenido ocasión de entrevistar en distintas ocasiones a colonos israelíes y me consta que el coste moral sería grande.  No pequeño resultaría el económico y, como en el caso de Gaza, previsiblemente las indemnizaciones acabarían siendo pagadas por los Estados Unidos.  Sin embargo, como han señalado repetidamente distintos generales y expertos en seguridad e inteligencia de Israel no implicaría una amenaza para la seguridad – mucho menos para la existencia – por la sencilla razón de que la superioridad militar de Israel, incluido el armamento nuclear, es incomparable.  Dicho sea de paso, mi experiencia repetida es que los militares israelíes se toman muy a mal todas las referencias a las supuestas amenazas para la supervivencia de Israel lo mismo si se relacionan con guerras pasadas como las de 1967 y 1973 como a contiendas futuras.  Simplemente, consideran esas afirmaciones como una propaganda exterior que insulta gravemente al ejército israelí y a su capacidad.  Tras mucho estudiar el tema, creo sinceramente que tienen razón en su punto de vista aunque resulte muy distinto del que encontramos frecuentemente en algunas instancias.

Por supuesto, algunos pensarán que esa segunda opción es imposible y que sólo queda hablar de paz mientras se procede, a la vez, a una anexión de los territorios ocupados aún a sabiendas de que es contraria al derecho internacional.  Quizá sea así.  Sin embargo, entre la población de Israel, entre los judíos de Estados Unidos y del resto del mundo, entre organizaciones judías de derechos humanos también existe la convicción de que es posible la solución de los dos estados que debe pasar imperiosamente por el desmantelamiento de los asentamientos y la paralización de otros nuevos.  Ésa es, en realidad, la clave del problema porque incluso, como me refirió el vicealcalde israelí de Jerusalén en el curso de una entrevista, la misma ciudad santa podría dividirse sin especial dificultad siquiera porque, como me dijo literalmente, “todo el mundo sabe hasta donde no llegan los autobuses”.  En otras palabras, Jerusalén podría ser la capital de Israel – ¡al fin! – y de Palestina simplemente si aceptamos la separación histórica y Netanyahu no continua con su política de nuevos asentamientos.

Por lo tanto, volviendo al tema de este artículo, la resolución no fue ni nueva ni injusta ni traidora.  No fue nueva porque volvió a repetir lo que llevan afirmando las más diversas instituciones desde hace décadas, es decir, que el terrorismo es condenable y que los asentamientos en los territorios ocupados son contrarios al derecho internacional.  No fue injusta porque apuntó a las dos partes y se sustentó sólidamente en el derecho internacional.  No fue traidora porque las naciones que la suscribieron se limitaron a pedir el respeto por el derecho internacional que reclaman desde hace tiempo y Estados Unidos, aunque haya utilizado previamente el veto, también ha defendido esa misma postura en el pasado.  Sí constituye, por el contrario, un toque de alerta ante una perspectiva de inminente peligro y una insistencia en el camino para lograr la paz mediante la constitución de dos estados.  No sorprende que haya sido aplaudida no ciertamente por los lobbies pro-Netanyahu, pero sí por entidades israelíes y judías en la Diáspora.  Y es que la alternativa dista mucho de ser fácil y resulta no menos peligrosa.

Si le interesa leer la primera parte pinche el siguiente enlace:

OTRAS VOCES: NI NUEVA NI INJUSTA NI TRAIDORA. PRIMERA PARTE. La reciente resolución de las Naciones Unidas que, entre otras cuestiones, se refiere a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, ha provocado una reacción extraordinaria en ambientes políticos y mediáticos.

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