PARA LECTORES INTELIGENTES: SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL O DE CÓMO NO TROPEZAR CON LA MISMA PIEDRA-II

DIOSAJUSTICIA2Por Luís María Bandieri- Disenso

Comprobado así el estado real de las cosas, sigue siendo válido el mensaje que, desde infratumba, manda aún el viejo Montesquieu: sólo el poder contiene al poder.  Quien tiene algún poder quiere más poder y todo individuo o grupo  desarrolla su poder hasta donde lo atajen. En otros términos, desde una crítica que toma razón de la distancia entre el modelo teórico y la realidad empírica, la cuestión no consiste en lamentarse de continuo sobre las infracciones al dogma de la división de poderes, dejando perpetuamente mensajes en una especie de Muro de los Lamentos jurídico, como suele manifestar una actitud repetidora de los clisés del constitucionalismo clásico, sino en hallar los contrapoderes efectivos, y coordinar y distribuir los distintos poderes. De otra manera, la comprobación de la realidad de las cosas no contribuye a mejorarla.

El federalismo incardinado en nuestra historia bien podría  funcionar como articulación territorial de contrapoderes que limitarían horizontal y efectivamente la centralización. Pero nuestra práctica desde largo es la de un unitarismo de hecho que se afirma, sobre todo, en el resorte fiscal, cuyo manejo a discreción refuerza al hiperpresidencialismo, y al que futuros ejecutivos de cualquier signo muy difícilmente habrán de renunciar.

La permanente reivindicación del gobernado  no es, pues,  la más o menos ficticia división de poderes, sino la independencia de los jueces. Un gobernante legislador puede, excepcionalmente, resultar un Alfonso el Sabio. En un congreso genuflexo o perezoso puede levantarse insólitamente una voz inspirada. Pero cuando la determinación de lo suyo de cada uno queda a cargo de  jueces doblegados por el temor o elegidos por su sumisión,  se coloca al  ciudadano impotente  de cara a la iniquidad.

Distingamos en lo que hacen los jueces. Por un lado, los jueces tienen la facultad de juzgar y adjudicar lo suyo de cada uno, concretando lo justo del caso. Esta facultad no es propiamente un poder sino que corresponde a la autoridad.

Por eso, volviendo al viejo Montesquieu, el “poder” de la magistratura,  tomado desde este ángulo, resulta prácticamente nulo. La autoridad de los jueces se funda, a su vez, en la independencia con la cual puedan juzgar y concretar así el derecho en los conflictos interpersonales.

Su juicio requiere libertad íntima e independencia práctica de los poderes en juego, sean estos institucionales o indirectos. Por eso, si  corresponde que los jueces sean perseguidos en caso de  inconducta, no deben ser juzgados por los fallos que a ciencia y conciencia han considerado rectos.  Esta garantía de la independencia del juez  sostiene la libertad del ciudadano, como advertía en su tiempo el viejo barón y percibe continuamente la conciencia pública.

La actual crisis en la consideración ciudadana de la magistratura reside en una pérdida considerable de autoridad, ya que se la supone muy limitada en cuanto su independencia y condescendiente con algunos miembros de la judicatura que con su conducta pública la des–autorizan.

Hasta aquí hemos hablado de autoridad. La judicatura tiene, además, una porción de poder político por la cual puede considerársela propiamente  “poder” judicial. Hay una forma patológica de ejercicio de este poder, que se manifiesta en una también patológica “judicialización de la política”, donde el enemigo debe ser estigmatizado con un procesamiento o una condena, para lo cual debe contarse con jueces proclives a despacharlos. Pero hay también una forma fisiológica de ejercicio del “poder” judicial, y por consiguiente una normal judicialización de la política que, de todos modos, conduce inevitablemente a la politización de la justicia. Es el poder que se ejerce a través del control de constitucionalidad “fuerte”, donde la judicatura, y en especial la Corte Suprema de Justicia,  cumple una función intrínsecamente política: establecer en última instancia lo que la Constitución dice.

En el desenvolvimiento de su  poder, la magistratura ha ido expandiéndose de supremo intérprete a legislador contra mayoritario negativo, y de este último carácter a legislador contra mayoritario positivo, en especial a través de las sentencias “manipulativas” en las que se amplía y transforma por los tribunales el radio de acción normativa de las disposiciones recurridas. Entonces, con el objetivo de controlar esta función y, también, de inclinar la balanza de la judicialización política, se asiste a la injerencia, entrometimiento y maniobreo de los ejecutivos en los procesos de selección, designación y remoción de los jueces, que llega a su cúspide con  la propuesta actual de “democratización” de la administración de justicia.

Por cierto, no es cuestión, como todavía voces respetables pero equivocadas sostienen, que esta porción de “poder” de  los tribunales está incontaminada de “política” Salir de este error es fundamental si no se quiere tropezar mañana con la misma piedra. Ante todo, la constitución es derecho político. Trata de y sobre la política y se la interpreta para la política, lo que no quiere decir “política partidaria”, aunque entre nosotros es difícil extraer la materia política de ese registro.  Por otra parte, el “poder” judicial es parte interna y esencial del poder político, no sólo porque su jurisdicción se extiende a los miembros de los otros “poderes”, sino también porque el poder judicial carece de fuerza de obligar –carece de “imperio”- si no cuenta con los elementos que dependen del poder ejecutivo –nuestra Corte Suprema, por ejemplo,  pese a fallar en tal sentido, no pudo reponer en su cargo al ex procurador general de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Sosa, porque ningún vigilante federal o provincial ejecutaría su orden, ni logra que la ANSES  cumpla debidamente las sentencias sobre actualización de los haberes jubilatorios.

Esta politización de la justicia y judicialización de la política es vieja entre nosotros, aunque ahora esté llegando ahora a un punto de exaltación. Se cuenta que don Julio Argentino Roca, en 1887, culminando una gira europea, tuvo una entrevista con Otto von Bismarck, el “canciller de hierro” del segundo imperio alemán. Don Otto, luego de escuchar el primoroso cuadro que el tucumano le dibujó de nuestro país, tras algunas reflexiones intrascendentes, le largó la pregunta: “¿cómo anda la justicia por su tierra, general?”. El zorro argentino apenas  alcanzó a contestarle al zorro prusiano que estaba escrita en la constitución.

La cuestión, pues,  no es de ahora, aunque sea hoy que las reacciones parecen multiplicarse. Para tomar un ejemplo no lejano, siendo gobierno Néstor Kirchner una mayoría automática conformada en el Consejo de la Magistratura exigió la cabeza del presidente de la Cámara de Casación Penal, el doctor Alfredo Bisordi y de los tres integrantes de la sala IV de dicho tribunal, por presunta lentitud en el tratamiento de  causas a ex represores Lo hizo a pedido del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).  El entonces presidente de la República,  primero en Córdoba (“yo empujo, pero se hacen los distraídos“, lanzó) y luego desde la Casa Rosada,  se sumó a la partida.  En ese momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo era ya el doctor Ricardo Lorenzetti, según declaraciones recogidas por el diario “La Nación”, afirmó: “si un juez se siente presionado (por el Poder Ejecutivo) debería renunciar“, una frase poco feliz que, seguramente, hoy, cuando quien se ve aculado a la presión del ejecutivo es él mismo, no repetiría.

Pero se puso de manifiesto a partir de allí  el malestar, la intranquilidad y la aprensión que producía en muchos jueces, funcionarios y operadores jurídicos la abierta intromisión en la esfera de la independencia judicial para el juicio en conciencia, tanto del Ejecutivo como de la mayoría maquinal del Consejo de la Magistratura –la minoría no era tampoco de levantar la voz, como lo fue mucho después-    y del CELS, poder indirecto. En esa cancelación a sabiendas de la garantía de la independencia judicial en cuanto a su libertad íntima de juicio, no la primera y, como sabemos, tampoco la última, hubo  un gravísimo menoscabo a ella, que entonces pasó casi inadvertido, quizás porque tampoco interesó a la corporación mediática hoy directamente afectada porque llevada ante los tribunales, ni a la oposición distraída en sus internas. Lo grave en ese “caso Bisordi” fue  que lo que se planteó no era un presunto mal desempeño, sino la supuesta orientación ideológica de los jueces, que los podría conducir  a fallar en un sentido no deseado en los procesos a ex represores. A mi juicio, y así lo escribí en aquel tiempo, se trató de otra manifestación del doblegamiento de los jueces en el período kirchnerista, que fue considerada, entonces, como una anécdota tribunalicia por muchos de los que hoy agitan principios de republicanismo. (Continuará)

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