¿SON LAS MARAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS? TIENEN ARMAS PESADAS Y ESTÁN DISPUESTAS A TODO-PRIMERA PARTE. Guatemala quiere emular a Honduras y El Salvador y declarar a las pandillas organizaciones terroristas. La medida puede convertirles en “un fenómeno de ataque a las instituciones

Un miembro de un grupo de autodefensa vecinal en un autobús, en las afueras de Ciudad de Guatemala. (Reuters)

Por,  Asier Vera– Diario Ya

Ciudad de Guatemala-Tres mujeres yacen en un charco de sangre en un barrio marginal de Villa Nueva, un municipio de Guatemala, a escasos kilómetros de la capital. Varias personas están sentadas junto a sus cuerpos como si nada hubiera pasado e incluso una familia, con niños incluidos, contempla a pocos metros la escena del crimen. Una cuarta mujer morirá horas después en un hospital. Todas ellas, de edades comprendidas entre los 21 y los 53 años, fueron tiroteadas a bocajarro el pasado 1 de mayo mientras esperaban un autobús en El Búcaro, un barrio situado en la periferia de la capital del país centroamericano.

Quienes las mataron desde un vehículo, con fusiles de asalto y pertenecientes a la pandilla Barrio 18, lanzaron varios carteles que quedaron difuminados por el suelo a modo de advertencia a los vecinos: “Para la gente del Búcaro, nuestra guerra era entre pandillas, contra los MS (Mara Salvatrucha), pero les peló el culo a la población meterse a matar a uno de los nuestros. Ahora parejo vamos a matar”. Este múltiple asesinato sigue impune sin que se haya detenido a nadie, tal como ha sucedido con la mayoría de las 1.587 muertes por causas asociadas a hechos criminales contabilizadas en los cuatro primeros meses del año en Guatemala, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las víctimas de las pandillas siempre son las mismas: jóvenes pertenecientes a maras rivales, muchos de ellos menores de edad, o los conductores de autobús, taxistas y comerciantes que se niegan a pagar la extorsión que les exigen estos grupos criminales, que llegan a controlar barrios enteros en los que ni siquiera se atreve a entrar la policía, salvo cuando el Gobierno lleva a cabo una gran operación para dar la imagen de que está luchando contra este fenómeno.

Entre 2014 y 2018, se han detenido a 881 personas, según datos de la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión. Sin embargo, poco importan estos golpes policiales, ya que las cárceles del país son las ‘oficinas’ de estos grupos, desde donde los líderes ordenan los asesinatos y coordinan las millonarias extorsiones que tienen atemorizada a la población más humilde del país. Solo la última estructura desarticulada habría obtenido bajo amenazas 189.000 quetzales (23.000 euros)

Policías y militares en las pandillas

El Gobierno no ha puesto mucha atención en poner fin a las pandillas, que se nutren de jóvenes en situación de vulnerabilidad, muchos de los cuales han sufrido abusos físicos o sexuales y que consideran a estos grupos la ‘familia’ que no han tenido. No solo reciben el ‘cariño’ de sus miembros, sino también recursos económicos y drogas a cambio de reclamar la extorsión a los vecinos de su barrio y de asesinar, incluso descuartizando. En distintas operaciones policiales se ha visto que también hay personal del Estado vinculado a las pandillas, tal como puso de manifiesto la detención hace unas semanas de un comisario de la Policía y un coronel del Ejército de Guatemala, pertenecientes a la Mara Salvatrucha.

Ellos no son una excepción y, por ello, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -un organismo de la ONU que desde 2006 trabaja en algunos casos de alto impacto con la Fiscalía del país- se ha comprometido a prestar su apoyo para combatir a los agentes de la Policía Nacional Civil que están incrustados en las pandillas, reconociendo con ello la gravedad del problema. Precisamente la semana pasada fue detenida una joven de 23 años en el interior de una academia policial, donde se estaba formando para ser agente, pese a que pertenecía a la MS-13 y tenía una orden de detención por extorsión, trata de personas y lavado de dinero.

En marzo, el propio ministro de Interior de Guatemala, Enrique Antonio Degenhart, envió una carta al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, para pedirle su apoyo a la hora de perseguir a los agentes de policía que forman parte de las dos grandes pandillas que siembran el pánico en determinadas zonas del país, integradas por unos 22.000 miembros (17.000 de Barrio 18 y 5.000 de la Mara Salvatrucha), según un estudio realizado en 2012 por la Florida International University de Miami.

Pandillero muerto en Chinautla, en las afueras de Ciudad de Guatemala. (Reuters)

Sin embargo, el recién nombrado ministro quiere ir más allá y emular a los países vecinos, Honduras y El Salvador, declarando una guerra abierta contra las pandillas. Para ello, ha propuesto al Congreso de Guatemala que reforme el Código Penal para tipificarlas como organizaciones terroristas, ya que, a su juicio, es una “necesidad del pueblo” teniendo en cuenta que “además de violencia y homicidios, generan extorsiones que tienen a los comerciantes de rodillas”.

“Los guatemaltecos estamos sufriendo los embates criminales de estas estructuras que tienen armamento bélico pesado y que están dispuestas a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos”, sostuvo Degenhart. El ministro defiende que, declarando terroristas a los pandilleros, se reducirán los índices de violencia en un país donde la tasa de homicidios se sitúa en 24,2 por cada 100.000 habitantes, según la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Ello se traduce en 5.384 muertes asociadas a hechos criminales en 2017, la mitad atribuidas por las autoridades de Guatemala a las pandillas y a los grupos vinculados al narcotráfico.(Continuará) .

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